LUIS A. ALBORNOZ es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet, Argentina), profesor del Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid e integrante del grupo de investigación Televisión-Cine: Memoria, Representación e Industria. Sus publicaciones más recientes son Power, Media, Culture. A Critical View from the Political Economy of Communication (2015) y El audiovisual en la era digital. Políticas y estrategias para la diversidad (junto con Ma. Trinidad García Leiva, 2017).
MA. TRINIDAD GARCÍA LEIVA también es profesora del Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid e integrante del grupo de investigación Televisión-Cine: Memoria, Representación e Industria. Es autora de Políticas públicas y televisión digital (2008) y ha editado, junto con Luis A. Albornoz, La televisión digital terrestre. Experiencias nacionales y diversidad en Europa, América y Asia (2012) y El audiovisual en la era digital. Políticas y estrategias para la diversidad (2017).
Ambos dirigen el grupo de investigación Diversidad Audiovisual con sede en la Universidad Carlos III de Madrid (www.diversidadaudiovisual.org).
DIVERSIDAD E INDUSTRIA AUDIOVISUAL
El desafío cultural del siglo XXI
COLECCIÓN COMUNICACIÓN
Primera edición, 2017
Primera edición electrónica, 2017
Diseño de la colección: María Luisa Passarge
Diseño de portada: Teresa Guzmán Romero
D. R. © 2017, Fondo de Cultura Económica
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ISBN 978-607-16-4956-0 (ePub)
Hecho en México - Made in Mexico
Este apéndice presenta una serie de conceptos clave necesarios para entender el debate generado en torno de la diversidad cultural y el audiovisual. Las definiciones que aparecen en este glosario se refieren a términos identificados como susceptibles de presentar dificultades de comprensión por parte del público en general. Así, mediante la recopilación de diversas fuentes, se ofrecen definiciones propias.
Se enmarcan en las medidas de apoyo e incentivos públicos al sector audiovisual. Las ayudas pueden ser de diferente tipo (económica, fiscal, etc.) y estar destinadas a cualquiera de las actividades de las industrias audiovisuales.
El conjunto de ayudas suele catalogarse en automáticas y selectivas. Las automáticas se otorgan a partir del cumplimiento de criterios objetivos fijados (por ejemplo, ayudas a las realizaciones cinematográficas de nuevos directores). Las selectivas generalmente las otorga un comité de expertos tras la valoración de las candidaturas presentadas, teniendo en consideración una serie de criterios preestablecidos (por ejemplo, ayudas a la realización de películas con un valor histórico, artístico o experimental).
Teniendo en cuenta el glosario de la guía Políticas para la creatividad de la UNESCO (2010), los bienes son productos físicos materiales —películas, discos y videojuegos— susceptibles de ser transportados y almacenados, mientras que los servicios —programación televisiva, radiofónica o plataformas on line de contenidos audiovisuales— se caracterizan por su naturaleza intangible y no reproducible en serie.
Es toda acción puesta en marcha por uno o más agentes sociales, cuyo objetivo es proteger o promocionar la diversidad en cualquiera de las fases de las industrias audiovisuales. Esta acción debe ser:
E, idealmente, debe ser:
La cadena de valor empresarial es un modelo de análisis, popularizado por Michael Porter, proveniente del campo de la gestión empresarial y de la economía. Aplicado a las industrias audiovisuales, este instrumento de análisis incluye una serie de diferentes actividades y agentes concentrados en tres fases consecutivas: producción, distribución y consumo.
Entidades de diferentes países que agrupan organizaciones profesionales de la cultura y de los medios de comunicación que representan a creadores, artistas, productores independientes y distribuidores de diferentes sectores (libro, cine, televisión, radio, música, espectáculo y artes visuales). Las coaliciones nacionales están agrupadas en la Federación Internacional de Coaliciones para la Diversidad Cultural (FICDC). En España, la Coalición Española para la Diversidad Cultural (CEDC) fue fundada en 2004 por la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE) y la Federación de Artistas del Estado Español (FAEE).
Según la legislación española vigente —Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia— se produce una concentración económica cuando tiene lugar un cambio estable del control de la totalidad o de parte de una o varias empresas como consecuencia de los siguientes factores:
Determinadas operaciones de concentración económica pueden suponer una alteración de la estructura de los mercados contraria al mantenimiento de una competencia efectiva, cuando se superan ciertos umbrales en términos de cuotas de mercado (30% del mercado relevante) o volumen de ventas (240 millones de euros, siempre que al menos dos de los partícipes realicen individualmente en España un volumen de negocios superior a 60 millones de euros). La consecuencia es el aumento del tamaño de la empresa, ya sea debido a un crecimiento interno (cuando se crean productos que permiten ganar mercado) o externo (cuando se compran otras empresas en funcionamiento). En la industria audiovisual cualquiera de estas estrategias de crecimiento puede dar lugar a tres formas de concentración, que no necesariamente son excluyentes:
Como resultado de la concentración empresarial algunas firmas alcanzan un peso significativo de mercado y obtienen una posición dominante que se erige como barrera de entrada o crecimiento en relación con una actividad económica específica.
En derecho internacional, convención es sinónimo de tratado o convenio. Es un acuerdo vinculante firmado por los Estados, mediante el cual éstos asumen un compromiso jurídico. La regulación de las convenciones internacionales se encuentra recogida en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados Celebrados entre Estados (1969). La UNESCO, desde su fundación en 1945, ha sometido a aceptación, ratificación o adhesión diversas convenciones internacionales sobre las siguientes áreas temáticas: educación, ciencias naturales, ciencias sociales y humanas, cultura, y comunicación e información.
En el ámbito de la cultura, desde mediados del siglo pasado la UNESCO ha promovido consenso internacional en torno de diferentes instrumentos normativos (convenciones recomendaciones y declaraciones) que buscan el resguardo de determinados bienes y servicios culturales. Las principales convenciones aprobadas son las siguientes:
La Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales fue adoptada en la 33ª Conferencia General de la UNESCO en 2005 y entró en vigor en 2007 para sus adherentes. Esta Convención reconoce que los bienes y servicios culturales —y, por ende, los bienes y servicios comunicativos— transmiten identidad, valores y significado y, en consecuencia, no pueden ser considerados simples mercancías o productos de consumo. Ofrece un marco jurídico internacional para que los Estados adopten, dentro de sus propios territorios, las medidas que consideren necesarias para proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales y, al mismo tiempo, asegurar la libre circulación de las ideas y las obras culturales. El texto parte de la idea fundamental de que la diversidad cultural —y, por ende, la diversidad audiovisual— constituye un patrimonio común de la humanidad y concede especial importancia a la promoción de la cooperación internacional con los países en desarrollo.
Según el organismo regulador de la industria audiovisual del Reino Unido, Ofcom (Office of Communications), la convergencia “es el fenómeno creciente por el que una variedad de tipos de contenido (audios, videos, textos, imágenes) y servicios se distribuyen a través de diferentes redes digitales (banda ancha fija, móvil, satélite, cable, digital terrestre) a una variedad de dispositivos de consumo (computadoras, tabletas, televisores y teléfonos celulares)”.
En un mundo convergente —ejemplifica la Ofcom— un teléfono celular puede recibir llamadas de voz, datos, imágenes, audio, video y texto, todos entregados a través de una red móvil. Del mismo modo se puede acceder a contenidos televisivos y de video a través del satélite, el cable y la televisión digital terrestre, o incluso mediante una conexión de banda ancha fija o red móvil.
Teniendo en consideración el glosario de la guía Políticas para la creatividad de la UNESCO (2010), la creación de públicos está ligada a aquellas políticas y estrategias, impulsadas desde el sector público o privado, dirigidas a crear interés entre determinados segmentos de población hacia ciertas expresiones audiovisuales, con el objetivo de generar una demanda real y un consumo efectivo de la producción cultural a corto, medio y largo plazos.
Es una medida de discriminación positiva que tiende a favorecer la circulación de determinados contenidos audiovisuales a partir del establecimiento de una mínima presencia de los mismos.
Por ejemplo, con el fin de fomentar la distribución y producción de programas de televisión europeos, la normativa de la UE, desde la directiva Televisión sin Fronteras, establece que sus países deben velar, “siempre que sea posible”, por que sus operadores de televisión reserven una proporción mayoritaria de tiempo a difundir a obras europeas (artículo 4). Además, los operadores deben reservar, como mínimo, 10% de su tiempo de emisión o 10% de su presupuesto de programación (cuota de producción) a obras europeas de productores independientes (artículo 5).
En el caso del cine español, la Ley de Cine establece que al menos 25% de las sesiones programadas por las salas de cine debe exhibir obras cinematográficas provenientes de países de la UE, exceptuando de este cómputo aquellas sesiones que exhiban películas de terceros países en versión original subtitulada (artículo 18).
La diversidad de un sistema audiovisual depende de una multiplicidad de factores. Con el fin de evaluarla debe tenerse en cuenta, como mínimo, que:
Guarda relación con la diversidad de bienes y servicios audiovisuales que un conjunto de agentes —proveedores— pone a disposición de otros agentes o de los ciudadanos. Un proveedor puede ser tanto un creador de contenidos audiovisuales como cualquier otro agente intermediario del sector audiovisual (una empresa distribuidora, por ejemplo).
Guarda relación con la diversidad de aquellos bienes y servicios audiovisuales efectivamente aceptados y usufructuados por los agentes y los ciudadanos. El acto de consumo depende, entre otros factores, tanto de la disponibilidad de dichos bienes y servicios como del gusto de los consumidores. Los Estados y el mercado, a través de sus políticas y estrategias y de distintos instrumentos (cuotas de exhibición cinematográfica y televisiva, líneas editoriales de programación, subsidios a la producción y promoción, etc.) tienen la capacidad de impulsar el consumo de determinados contenidos y servicios audiovisuales influyendo en la creación de públicos.
Principio que aboga por proteger las mercancías culturales de la progresiva liberación del comercio internacional de bienes y servicios. La UNESCO, en su obra Cultura, comercio y globalización (2002), señala: “Los bienes y servicios culturales, en razón de su vinculación con la cultura, son de una naturaleza particular que va más allá del puro aspecto comercial. Comportan contenidos, valores y modos de vida que expresan la identidad cultural de un país y reflejan la diversidad creativa de sus individuos”.
La fórmula “excepción cultural” se popularizó al calor del debate sostenido durante la fase final de las negociaciones de la Ronda Uruguay, 1986-1994, del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio), acerca de la posibilidad de incluir o no el audiovisual (películas y programas de televisión) entre los bienes y servicios libres de aranceles y de otras medidas (por ejemplo, cuotas de pantalla).
La FICDC está conformada por 43 coaliciones nacionales. Entre sus objetivos fundacionales se encuentra la promoción a nivel nacional e internacional de la Convención 2005 de la UNESCO.
Fundada en Sevilla el 19 de septiembre de 2007, la FICDC remplazó al primer organismo internacional en torno del cual se habían agrupado las primeras coaliciones nacionales: el Comité de Enlace Internacional para la Diversidad Cultural, creado en 2003.
El FIDC es un fondo multinacional voluntario establecido en el artículo 18 de la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales (UNESCO, 2005). Promueve el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza en los países en desarrollo y menos desarrollados que son partes de la Convención a través del apoyo a proyectos y programas que propician la creación de sectores culturales dinámicos.
Son medidas cuantitativas o cualitativas derivadas de una serie de hechos observados, que capturan las propiedades latentes enmarcadas en un concepto más general, al que están ligados por afinidad de significado. La mayoría de los conceptos teóricos con los que se trabaja en los estudios científicos son demasiado abstractos o generales para ser medidos a partir de una simple observación de la realidad. Por ello, en las investigaciones se procede a operacionalizar los conceptos (transformarlos en variables observables o indicadores) para poder contrastarlos de manera empírica.
Por ejemplo, el concepto diversidad audiovisual (aplicado en este caso al sector televisivo) proporciona una denominación común a una serie de manifestaciones distintas: número de operadores de televisión existentes, tipo de señales, tipo de programas, procedencia geográfica de los contenidos televisivos, etc. Cada una de estas manifestaciones funciona como un indicador que puede servir para medir una parte de ese concepto más general que es la diversidad audiovisual.
Del ejemplo anterior se desprende que la relación entre el concepto y el indicador es parcial, ya que habitualmente un único indicador (específico) no cubre la totalidad de un concepto (general). Por ello, en muchas ocasiones se utiliza el procedimiento de operacionalización múltiple, el cual permite construir un elenco de indicadores que de forma conjunta da cuenta del concepto o fenómeno analizado.
Conjunto de procesos y actividades que tienen por objeto la creación, producción, distribución, exhibición o difusión de mercancías con contenido simbólico —sonidos e imágenes animadas— que pueden ser consumidas en algún tipo de soporte, a cargo de agentes como empresas o instituciones que participan en las mismas desde un punto de vista económico, político o cultural. Las fases de la industria audiovisual son: creación, producción, distribución, difusión o exhibición y consumo. Sus subsectores principales: cine, televisión, radio, música grabada y videojuegos.
La Convención 2005 de la UNESCO sobre diversidad cultural conmina a los países firmantes a “proporcionar, cada cuatro años, en informes a la UNESCO, información apropiada acerca de las medidas que hayan adoptado para proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales en sus respectivos territorios y en el plano internacional” (artículo 9).
En 2012 la UNESCO recibió los primeros 48 informes, cuyo objetivo es hacer posible el intercambio de información y experiencias entre los diferentes países que han suscrito la Convención de 2005, por lo cual se ha hecho especial hincapié en que cada informe aporte datos estadísticos y ejemplos de buenas prácticas.
En algunos países los operadores de televisión están obligados a contribuir económicamente a la financiación anticipada de películas cinematográficas y otros contenidos audiovisuales.
En España, por ejemplo, los operadores de televisión, de cobertura estatal o autonómica, que incluyen largometrajes cinematográficos de producción actual (menos de siete años desde su producción) en sus señales, deben destinar anualmente un mínimo de 5% de la cifra total de ingresos del ejercicio anterior a la financiación anticipada de la producción europea de películas cinematográficas, películas y series de televisión, documentales y películas y series de animación. Además, 60% de la inversión debe destinarse a la financiación de obras en cualquiera de las lenguas oficiales de España. Esta obligación se eleva a 6% en el caso de los prestadores del servicio de televisión de titularidad pública. Además, con excepción de los prestadores que emitan canales temáticos, como mínimo 60% de la inversión anticipada deberá ser en películas cinematográficas, si bien para los operadores públicos será de 75%, siendo al menos 50% de la inversión total del cómputo anual en obras de productores independientes. El 60% de la inversión anterior deberá destinarse a obras en cualquiera de las lenguas oficiales de España. También están sometidos a esta obligación los prestadores de servicios de comunicación electrónica que difundan canales de televisión y los prestadores de servicios de catálogos de programas.
Según el “Glosario del informe económico sectorial 2012” de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) de España, es un operador que individual o conjuntamente con otros disfruta de una posición equivalente a una posición dominante; esto es, una posición de fuerza económica que permite que su comportamiento sea, en medida apreciable, independiente de los competidores, los clientes y, en última instancia, los consumidores.
Noción ligada a las democracias contemporáneas. Una pluralidad de voces que expresen una pluralidad de puntos de vista sobre los asuntos públicos es necesaria para el funcionamiento del sistema democrático. El concepto de pluralismo está ligado al ámbito de los agentes y las actividades que vehiculizan contenidos informativos y propician el debate político; es decir, los medios de comunicación: prensa, radio y televisión. Algunos organismos (como el Consejo de Europa o el Consejo del Audiovisual de Cataluña) diferencian entre pluralismo externo y pluralismo interno. Mientras que la cara externa del pluralismo tiene relación con la propiedad de los medios de comunicación (los dueños de los medios), la interna tiene relación con las diferentes voces presentadas en un determinado medio de comunicación (quienes se expresan en un medio).
Conjunto estructurado de acciones (también de omisiones) y prácticas sociales, impulsadas por los Estados en sus distintos niveles (internacional, nacional, regional y local), que intentan incidir en la creación, producción, difusión y consumo de bienes y servicios culturales y comunicativos —y, por ende, bienes y servicios audiovisuales—. Las políticas públicas de comunicación y cultura “se configuran a través del tiempo en función del enfoque general que la sociedad adopta hacia la sociedad y sus medios. Dimanan de las ideologías políticas, de las condiciones sociales y económicas del país y los valores en que éstos se basan” (UNESCO, 1975).
Política de comunicación y cultura que incide específicamente sobre la industria audiovisual y sus distintas fases. Al igual que las políticas de comunicación y cultura, las políticas audiovisuales “se configuran a través del tiempo en función del enfoque general que la sociedad adopta hacia la sociedad y sus medios. Dimanan de las ideologías políticas, de las condiciones sociales y económicas del país y los valores en que éstos se basan” (UNESCO, 1975).
Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la propiedad intelectual se refiere a las creaciones de la mente, como invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes, que se consideran merecedoras de protección. Dicha protección se otorga a través del reconocimiento legal de un derecho particular en favor de un autor u otros titulares de derechos. La legislación protege la propiedad intelectual mediante las siguientes figuras:
La definición de Andrew Stirling (1998, 2007) sobre diversidad contempla una combinación de tres componentes: variedad, balance y disparidad. Así, un sistema es más diverso cuanto mayor es el número de categorías que posee, cuanto más equilibradas se encuentren éstas y cuanto más disímiles son unas de otras. Con la finalidad de calcular la diversidad de un sistema determinado es necesario dar un primer paso: clasificar los elementos de un sistema dado en diferentes tipos o categorías. Así, por ejemplo, en el caso de la industria cinematográfica es posible dividir el conjunto de películas producidas (unidad de análisis) por sus países de origen, géneros o presupuestos. Una vez clasificados los elementos del sistema por evaluar es posible aplicar las nociones de variedad, balance y disparidad:
Las ventanas de explotación comercial pueden entenderse como un recorrido lineal en diferentes plataformas de los varios derechos de una obra audiovisual. Las ventanas de explotación para una obra cinematográfica en la actualidad son: 1) exhibición en salas de cine; 2) DVD/video a la carta (video on demand [VOD]): alquiler y compra de DVD, y descargas y visionados en plataformas en línea; 3) PPV: pago por visión en una señal de televisión de paga; 4) pase en televisión de paga; 5) pase en televisión abierta, y 6) transaccional VOD/SVOD: suscripción de video a la carta. Algunos países establecen por ley una cronología de circulación de las películas entre las distintas ventanas que comprende periodos de explotación en exclusiva. Las tecnologías digitales han propiciado nuevos patrones de distribución y lanzamientos flexibles, como la posibilidad de exhibir una película en varias plataformas diferentes después de su proyección en sala. Complementariamente, existe una línea de recorrido por territorio de explotación: mientras una película se explota en un determinado país/mercado, puede iniciar otro recorrido en otro mercado.