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MARÍA FERNANDA SAÑUDO PAZOS

TIERRA Y GÉNERO

Dilemas y obstáculos en los procesos
de negociación de la política
de tierras en Colombia

Reservados todos los derechos

© Pontificia Universidad Javeriana
© María Fernanda Sañudo Pazos

 

Primera edición: Bogotá, D. C.,
octubre de 2015

ISBN: 978-958-716-870-9
Impreso y hecho en Colombia
Printed and made in Colombia

 

 

 

 

Editorial Pontificia Universidad Javeriana

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Bogotá, D. C.

 

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Diagramación:

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Diseño de cubierta:

Sandra Staub

 

Desarrollo ePub:

Lápiz Blanco S.A.S

 

 

 

Sañudo Pazos, María Fernanda, autora

Tierra y género: dilemas y obstáculos en los procesos de negociación de la política de tierras en Colombia / María Fernanda Sañudo Pazos. -- Primera edición. -- Bogotá : Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2015.

182 páginas ; 24 cm

Incluye referencias bibliográficas (páginas 171-180).

ISBN: 978-958-716-870-9

1. POLÍTICA DE TIERRAS - COLOMBIA 2. CAMPESINOS - ASPECTOS SOCIALES - COLOMBIA. 3. REFORMA AGRARIA - COLOMBIA. 4. TENENCIA DE LA TIERRA - COLOMBIA. 5. MUJERES EN EL DESARROLLO RURAL - COLOMBIA 6. MUJERES RURALES - ASPECTOS SOCIALES -

COLOMBIA. I. Pontificia Universidad Javeriana.

CDD 333.31861 edición 21

Catalogación en la publicación - Pontificia Universidad Javeriana. Biblioteca Alfonso Borrero Cabal, S.J.

inp.                                                                   Septiembre 29 / 2015

Prohibida la reproducción total o parcial de este material, sin autorización por escrito de la Pontificia Universidad Javeriana.

A mis padres, Benjamín e Inés, y a mis hermanos,

Ángela, David y Benjamín, a quienes agradezco todo

el apoyo incondicional que me brindaron para llevar a

buen término este proyecto.

 

A las mujeres de las organizaciones campesinas

(ANMUCIC, ANUC-UR, FENSUAGRO), quienes

atentamente me brindaron sus valiosos testimonios

sobre su participación en los procesos estudiados.

Siglas

Introducción*

* Este libro es producto del proyecto de investigación “Representaciones de género y acceso a la propiedad de la tierra en Colombia”, realizado por la autora en el marco del doctorado en Estudios de Género, de la Universidad Complutense de Madrid, entre 2013 y 2014.

En opinión de los más importantes estudiosos de la cuestión agraria de Colombia1, la historia de este país ha estado demarcada en gran parte por la evolución del patrón de distribución de la propiedad de la tierra en un territorio determinado (García, 2006). Esta puede ser unimodal, es decir, que la propiedad está distribuida entre medianos propietarios; o bimodal, en la que la mayor parte de las tierras está en manos de pocos grandes propietarios y una pequeña parte de las tierras, en manos de muchos pequeños propietarios. En Colombia, la estructura ha correspondido tradicionalmente con la segunda de estas modalidades. La acumulación de este bien en pocas manos ancla sus raíces en la Colonia. Desde esta época, las élites rurales y urbanas se han apropiado de grandes porciones del territorio nacional mediante una serie de arreglos institucionales y a través del uso de la fuerza. La contraparte de esa situación es que una gran porción de las y los habitantes rurales históricamente han tenido un acceso limitado a este bien (Fajardo, 2000).

El modelo bimodal ha dado lugar a una serie de conflictos que se manifiestan con fuerza entrados los años treinta del siglo XX y que perviven hasta hoy. La presencia de disputas en torno a la tenencia de la tierra ha hecho que el Estado despliegue una serie de estrategias para dirimirlas. En este contexto, se han formalizado escenarios para la negociación de las problemáticas relativas a la estructura agraria. Allí convergen y se posicionan una serie de agentes sociales, quienes, como representantes de las clases sociales que se han ido conformando en las zonas rurales, luchan por la consecución de sus intereses.

Si bien históricamente hombres y mujeres campesinos han ocupado una posición marginal en este modelo, es a los varones a quienes en general se ha privilegiado como sujetos negociadores y, por ende, como los sujetos del derecho a la tierra. Desde comienzos del siglo XX hasta hoy el Estado ha reconocido a los varones campesinos como los agentes2 con quienes en general se deben concertar los asuntos relativos a la tenencia de la tierra (también de la productividad). Para ello se ha valido de una serie de mecanismos (institucionales, legales, políticos y jurídicos, entre otros), mediante los que intenta dirimir los conflictos, y en general son los varones los beneficiarios directos de los acuerdos a los que se llega en el marco de las negociaciones.

Por otra parte, cabe resaltar que tanto la configuración de los varones como sujetos interlocutores del Estado como la capacidad que tienen para integrar los escenarios de negociación son cuestiones mediadas por la lógica androcéntrica (Bourdieu, 2000). La jerarquía de lo masculino sobre lo femenino —es decir, de lo productivo sobre lo doméstico, de lo público sobre lo privado, etc.— opera para que ellos tengan mayores oportunidades de adquirir los capitales3 (en términos bourdianos) necesarios para participar en los espacios de negociación, posicionar y alcanzar sus intereses.

En cuanto a las mujeres, habitualmente han estado al margen de las negociaciones y de los beneficios que de estas se desprenden. Y digo habitualmente porque aun siendo reconocidas como sujetos de derecho, en el marco de las últimas leyes de reforma agraria, ellas enfrentan discriminación y una serie de factores que les impiden ejercer efectivamente sus derechos. Ahora, cuando son tenidas en cuenta (como agente negociador y sujeto de beneficios), es porque son percibidas (y, también se perciben a sí mismas) según las representaciones que se ajustan a los significados y sentidos que lo femenino adquiere bajo la lógica androcéntrica. Al respecto, Facio (1997) observa cómo en el marco de las políticas sociales, por ejemplo, “las mujeres son tratadas explícitamente a propósito de la familia o la sexualidad, es decir de ámbitos propios de lo privado” (p. 45).

En relación con lo anterior, cabe destacar que es durante la década de los ochenta cuando en Colombia, como en otros países de la región, los estados auspician la participación de las mujeres en la formulación de la política de tierra4. Este proceso está directamente conectado no solo con la incorporación del enfoque de género en la planificación del desarrollo rural, sino con el favorable panorama político nacional, que, bajo la tutela de las directrices emitidas por instancias de cooperación al desarrollo (principalmente FAO, CEPAL, UNIFEM), perfila la situación y problemáticas que enfrentan las mujeres rurales como aspectos que deben incorporarse a la agenda política5.

En este contexto surge un agente que en los años siguientes será clave en las negociaciones de las leyes de reforma agraria y en la incorporación de las medidas de género como ejes transversales de las decisiones y acciones gubernamentales. Hablamos de la Asociación de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia (ANMUCIC). En esa asociación confluyen mujeres rurales de todo el país que, como parte de organizaciones campesinas mixtas que reivindican su derecho a la tierra, no encontraron los espacios para posicionar sus problemáticas particulares o no eran reconocidas como actores políticos. A través del apoyo estatal y de alianzas establecidas con femócratas6, la ANMUCIC va adquiriendo paulatinamente una serie de capacidades (capitales) que le permiten articularse a los espacios de negociación y avanzar en el posicionamiento de los intereses particulares de las mujeres con respecto a la propiedad de la tierra.

Sin embargo, ellas debieron enfrentar una serie de obstáculos, no solo para integrarse a las negociaciones y participar de manera efectiva en la concertación de la política de tierras, sino también para plasmar adecuadamente sus intereses. No se puede desconocer que los logros obtenidos7 han sido significativos8, pero en la tarea de posicionar sus demandas en la agenda política, las mujeres rurales afrontaron el rechazo, no solo de sus pares hombres, quienes no las reconocían como sujeto político con capacidad de incidencia en la política de tierras; también de las comunidades, porque en estas se consideraba que sus luchas iban en contra de los principios familiares o de la lucha del campesinado como sector; y otro tanto de funcionarios y funcionarias de instancias gubernamentales, quienes, en general, consideraban a los varones como el sujeto de la reforma agraria.

En los estudios llevados a cabo por León y Deere (1994, 2000, 2004) y Meertens (2000) para el caso de Colombia, se hace referencia a la serie de condicionantes que las mujeres deben enfrentar para ejercer su derecho a la tierra. Las autoras reconocen que las causas de esos condicionantes son múltiples, y se pueden dividir en dos grupos. Por un lado están aquellas causas materiales que afectan al campesinado en general, pero que tienen efectos diferenciados en las mujeres, por ejemplo: la concentración de la tierra en pocas manos, situación ligada a la dinámica del conflicto armado; la implantación equivocada de modelos de desarrollo que “no han respondido a las demandas y necesidades de los productores rurales con menores dotaciones de recursos y capacidades” (PNUD, 2011, p. 304), y la existencia de una institucionalidad débil, es decir, una infraestructura gubernamental que no puede ofrecer respuestas efectivas a las problemáticas del campesinado en general.

Por otra parte están aquellas causas que, si bien tienen expresiones materiales y son también determinantes y determinadas por las del primer grupo, se ubican en el plano de lo cultural. León y Deere (2004) resaltan cómo la conceptualización sobre el género y el sexo, que se produce en contextos específicos, condiciona de manera importante las posibilidades de las mujeres rurales para acceder a la tierra. En concreto señalan que la existencia de mecanismos de exclusión tiene como base “ideologías patriarcales insertadas en construcciones de masculinidad y feminidad y la división del trabajo por género” (p. 4).

Aunque en dichos estudios se ofrecen pistas para comprender la intervención de lo cultural, solamente se hace énfasis en cómo este aspecto es determinante en la implementación de la política de tierras. En cambio, no se suelen abordar los procesos de formulación de las medidas ligadas a dicha política. Según la perspectiva de este libro, además de estar condicionados por los patrones culturales que encarnan quienes los formulan, esos procesos tienen implicaciones efectivas en la realidad social de los sujetos de la política.

Facio (1992) recalca cómo en las exploraciones sobre los efectos de las estrategias estatales para avanzar en la igualdad es clave considerar que quienes participan en la formulación de políticas9 son seres de carne y hueso, personas con actitudes, juicios y preconceptos sobre hombres y mujeres, sobre sus conductas y sus necesidades. Todos estos influyen, en mayor o menor medida, en las decisiones que se toman y en los objetivos de las decisiones y acciones estatales. Este aspecto revela la existencia de una dimensión sociocultural de las políticas, en la que las ideas, valores, actitudes, representaciones e imaginarios sociales de los diferentes actores involucrados se constituyen en marcos de interpretación y producción de sentido (Puello, 2007, p. 83).

En este estudio se plantea que el bajo acceso de las mujeres campesinas a la propiedad de la tierra en parte tiene que ver con los contenidos que fueron negociados entre los agentes. Claramente, esa negociación estaría mediada por “un esquema de interpretación del mundo cuyo origen y sustento es la conceptualización/construcción social y cultural que se hace de la diferencia sexual y que se constituye en una manera de orientar los comportamientos, las expectativas, las valoraciones, las percepciones y representaciones de hombres y mujeres” (Sañudo, 2003, p. 20). Es decir, por los principios de visión y de acción que, bajo la lógica androcéntrica, son determinantes del tipo de representaciones que se hacen sobre los sujetos sociales, sobre sus expectativas, roles, oportunidades y necesidades.

En este orden de ideas, se considera que tanto el debate como la formulación de la política de tierras en Colombia deben ser procesos entendidos como el producto de la negociación entre una serie de agentes que encarnan tipos de representaciones de género según su lugar en el marco de la estructura de clases, de su pertenencia étnica, de su rango etario y de su configuración de sujetos con género. En esta vía, se propone que estas representaciones influyen en los contenidos que se plasman en la política y, además, se relacionan directamente con las posibilidades que tienen hombres y mujeres campesinos de acceder progresivamente a la propiedad de la tierra.

De acuerdo con lo anterior, en este documento se revela cómo intervienen los significados y sentidos sobre lo femenino y lo masculino que encarnan los agentes que han participado en el debate y formulación de dicha política. Estos no solo intervienen en la negociación que se lleva a cabo, sino también en el posicionamiento de los intereses que se persiguen en cuanto al acceso a la propiedad de la tierra y en los logros que alcanzan.

En concreto, el análisis se centra en dos momentos claves: las negociaciones de las leyes de reforma agraria: Ley 30 de 1988 y Ley 160 de 199410. Además de ser producto de la articulación de las mujeres campesinas como agente negociador, ambas leyes incorporaron medidas de género como una de las estrategias para regular el acceso de campesinos y campesinas a la tierra. En sentido estricto, el enfoque estuvo en la negociación para incorporar estas medidas de género.

Según una perspectiva bourdiana, se considera que los agentes que intervinieron en la negociación de estas leyes (funcionarias y funcionarios y públicos, representantes de las organizaciones campesinas mixtas, representantes de la Sociedad de Agricultores Colombianos —SAC—, representantes de la ANMUCIC, entre otros) están constituidos por habitus11, cuyas expresiones son las representaciones de género. Así, además de estar estrechamente conectadas con la ubicación socioeconómica y cultural de los agentes, las representaciones de género se configuran como los recursos mediante los cuales los agentes dotan de significado a la realidad social. También son guía para la percepción de los otros y otras y guía de sus acciones, en un campo específico, para conseguir un fin particular (Piñero, 2008).

Se plantea, entonces, definir la política de tierras como campo12, dado que esta se consolida como una red de instituciones gubernamentales con prácticas y discursos concretos, cuyo objetivo es regular el acceso a la propiedad de la tierra y los conflictos que emergen en relación con este aspecto. Dicho espacio debe ser considerado como un escenario en permanente construcción, donde se dirimen una multiplicidad de representaciones y en el que se articulan agentes con intereses específicos sobre la tierra y con tipos de capital diferenciado en relación con la clase social a la que pertenecen, al género y a los habitus que encarnan.

La política de tierras debe ser entendida como el espacio social donde se reproduce y refuerza la dominación masculina. Los agentes que encarnan esquemas de percepción y disposiciones acuñadas bajo la impronta androcéntrica interactúan en dichos campos para afianzar inconscientemente un orden social jerárquico. De acuerdo con lo anterior, y siguiendo a Arango (2002), la propuesta de Bourdieu sobre el campo ofrece elementos claves para comprender cómo opera la relación entre la dominación de clase y la dominación sexual.

Los agentes son configurados corporal y subjetivamente, a partir de unos esquemas de percepción y apreciación inherentes a la estructura androcéntrica. Y además de encarnar esos esquemas, los agentes participan en los campos de poder e interactúan con otros agentes a partir de las representaciones de género que devienen de tal estructura. Así, las elaboraciones simbólicas y prácticas concretas que los agentes revisten son determinantes no solo para la relación entre ellos, sino para la definición de los objetivos legítimos de una lucha en un campo determinado.

Este estudio es una reconstrucción sociohistórica en clave crítica y con enfoque feminista. A través del rastreo de las condiciones políticas, sociales, económicas y culturales, que han enmarcado los procesos de acumulación de la tierra en manos de unos agentes determinados y la marginalización de otros del acceso a la propiedad, se evidenciará: 1) la relación existente entre procesos de acumulación de la tierra, configuración de clases sociales, acceso a capitales y conformación de agentes específicos para la negociación; 2) el surgimiento, institucionalización y evolución del campo de la política de tierras; 3) la producción de principios de visión y de acción de carácter androcéntrico; 4) el tipo de posicionamiento de los agentes en los espacios de negociación, las estrategias que desplegaron, los intereses que perseguían y los logros que alcanzaron, y 5) cómo el tipo de percepciones y apreciaciones sobre hombres y mujeres que encarnaban los actores medió en las negociaciones y en los logros alcanzados.

En esta propuesta se privilegió una técnica de investigación de carácter cualitativo: la entrevista semiestructurada a profundidad. Para la selección de este instrumento se consideró su utilidad para “visibilizar la trama argumental mediante la cual los sujetos sociales explican los eventos vividos o imaginados; el discurso político moral mediante el cual juzgan, valoran, proponen, se organizan o revelan” (Uribe, 2002, p. 15). Bajo un enfoque de género, el uso de esta herramienta no solamente permitió indagar sobre los significados y las representaciones que las y los entrevistados encarnan (como parte de un género y una clase social), y que pusieron en escena cuando se articularon en el campo para debatir sobre sus intereses, sino también visibilizar cómo la lógica androcéntrica determinó la interpretación de la realidad, de las formas de constitución de la alteridad y del “yo”, y de las necesidades particulares frente a la tierra, entre otros aspectos.

Para el desarrollo de esta investigación se efectuaron 20 entrevistas a mujeres y hombres que participaron directamente en los procesos de negociación de las leyes referidas: 17 de ellas se realizaron en Bogotá y tres más en España, dado que algunas personas clave en el proceso se encuentran exiliadas en ese país. Entre los agentes a los que se entrevistó se cuentan mujeres pertenecientes a la Asociación Nacional de Mujeres, Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia (ANMUCIC) y a organizaciones campesinas mixtas como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, Unidad y Reconstrucción (ANUC-UR); hombres de las organizaciones campesinas mixtas y la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO); representantes de la Sociedad de Agricultores Colombianos (SAC), y funcionarios y funcionarias del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), del Ministerio de Agricultura y del Instituto Interamericano de Desarrollo Rural (IICA).

Además de las entrevistas realizadas, fue posible acceder a algunas hechas en el marco de otras investigaciones. En este sentido, extiendo un agradecimiento a Magdalena León, Carmen Deere y Germán Cardoza.

Comenzaremos con un capítulo dedicado a la exposición del andamiaje conceptual que soporta a este estudio. En primer lugar, allí se realizará una aproximación a las representaciones sociales desde una perspectiva bourdiana. Si bien en el marco de los planteamientos de Bourdieu no existe un amplio desarrollo sobre estas, de la mano de los principales conceptos que él traza es posible bosquejar el tema y, además, entender específicamente cómo los procesos de interpretación y simbolización median en los procesos de negociación entre agentes en un campo específico y cómo esto, a su vez, determina la producción social de la realidad. Posteriormente, se presentará una aproximación al concepto de representaciones de género. Este se construye, en primera instancia, según algunas propuestas de las teorías feministas y, en segunda instancia, desde las propuestas de Bourdieu. A continuación se desarrollará conceptualmente la relación entre representaciones de género y la noción de campo y, en concreto, del campo que nos hemos fijado analizar: el de la política de tierras en Colombia.

En el segundo capítulo se presentarán los antecedentes de la configuración de la estructura de la tenencia de la tierra en relación con dinámicas económicas, sociales y políticas puntuales. También se analizará cómo de esta relación se desprende la conformación de clases sociales rurales y de los agentes. Estos se posicionan posteriormente en los escenarios para la negociación de aspectos relativos a la propiedad de la tierra encarnando capitales específicos y diferenciados. Además, se dará cuenta del surgimiento y evolución de instituciones y prácticas mediante las que el Estado busca regular el acceso a la propiedad de la tierra. En este aparte el estudio cubre el periodo que va desde la década de los treinta hasta comienzos de los años ochenta del siglo XX.

En el tercer y el cuarto capítulos se analizarán los procesos de interacción, con el fin de especificar cómo median en estos las representaciones de género. Se abordarán la negociación y la formulación de las leyes de reforma agraria: 130 de 1988 y 160 de 1994. En ambas normas se articuló a las mujeres como sujetos claves de la negociación, y además se incorporaron medidas de género como ejes reguladores del acceso a la propiedad de la tierra. Las indagaciones se centran en este último aspecto. En estos capítulos se comenzará por identificar los factores que permitieron, primero, que la incorporación del género fuera una realidad en la planeación del desarrollo rural de Colombia, específicamente en lo concerniente a la reforma agraria; y, segundo, la aparición de un agente fundamental para que tal incorporación se constituyera en un eje de la negociación de la política de tierras: la ANMUCIC. Posteriormente, se evidenciará el contexto en el que se produjo tal negociación; se dará cuenta de los agentes que participaron en esta y se abordarán aspectos relativos a sus habitus, los capitales y las representaciones de género encarnadas. Finalmente se mostrará cómo operaron las representaciones de género de los agentes en los procesos de negociación de ambas leyes, en especial con respecto a la incorporación del género como eje para el acceso a la propiedad de la tierra de hombres y mujeres.

Por último, se presentan las principales reflexiones que surgieron en torno al análisis de los resultados. Esperamos se constituyan en puntos de partida para futuras investigaciones sobre temas relativos a la relación entre género y acceso a la propiedad de la tierra.

Representaciones de género

REPRESENTACIONES DESDE LA PERSPECTIVA DE BOURDIEU

A lo largo de la obra de Bourdieu, no es factible encontrar un significado concreto sobre las representaciones; sin embargo, es posible intuir el concepto de dos maneras. En primera instancia, cuando se refiere específicamente a las representaciones sociales y su importancia en la construcción de la identidad étnica; en segunda instancia, estas como parte del habitus.

En el texto “Identidad y representación”, Bourdieu distingue dos modalidades de representación. Por un lado, enfatiza su carácter mental, es decir, las describe como “actos de percepción y apreciación, de la cognición y de reconocimiento”; por otro, les otorga un carácter objetivo, y las denomina “representaciones objetivadas”, es decir, el sentido y significado plasmados en algo material en las cosas, las que “funcionan como signos, emblemas o estigmas, y también como potencias”. Una y otra se perciben como interconectadas (Bourdieu, 1991, p. 223).

Bourdieu hace énfasis en que tales representaciones tienen directa relación con los procesos de construcción identitaria y emergen como rasgos que permiten la distinción entre sujetos (y por ende el reconocimiento de derechos —territoriales, por ejemplo—). De manera que se da una “lucha en torno a las clasificaciones”, que en últimas es una disputa por ubicar las representaciones legítimas sobre la realidad y sobre los sujetos mismos. Estas son funcionales y surgen cuando se da un enfrentamiento entre agentes “por el monopolio del poder” para crear la realidad que la gente ve y cree; también surgen para imponer la “legítima definición de las divisiones del mundo social” (p. 223). En este sentido, “los agentes buscan poner estas clasificaciones al servicio de sus intereses materiales o simbólicos” (p. 223), para conservarlos y transformarlos.

Además, el autor otorga a las representaciones una eficacia específica que proviene de su capacidad de evocación. Este carácter nemotécnico está relacionado con la necesidad de los agentes de naturalizar lo que no tiene un origen natural. Es decir, la urgencia de aludir a un origen o a unas especificidades especiales para apelar a la distinción y para situar unos referentes que permitan recordar que tal origen fundamenta la existencia del grupo y su reconocimiento.

Con respecto a la segunda manera en la que el autor contempla las representaciones, Piñero (2008) propone pensarlas como un elemento que se configura en relación con los habitus y que, además, inciden en su conformación. Al considerar que estos se definen como un “sistema de disposiciones duraderas, que funcionan como esquemas de clasificación” (Rizo, 2006, p. 1), tienen la capacidad de orientar y ordenar las valoraciones, percepciones y acciones de los sujetos, es decir, las maneras como las personas interpretan y hacen inteligible la realidad en la que se encuentran inmersos.

La anterior apreciación puede ser ampliada, teniendo en cuenta que los habitus corresponden a una serie de estructuras socialmente estructuradas (“porque implica[n] el proceso mediante el cual los sujetos interiorizan lo social”) y estructurantes (“porque funciona[n] como principio generador y estructurador de prácticas culturales y representaciones”) (Rizo, 2006, p. 1). Las interpretaciones que los agentes hacen de la realidad y sus acciones corresponden a los contenidos que surgen de dichas estructuras. Además, al relacionarse con dichos contenidos, pueden ampliar o modificar el habitus a través de las prácticas que generan13. Al respecto, Gutiérrez (2005) establece:

Además de estructura estructurada, historia hecha cuerpo, el habitus es estructura estructurante, principio a partir del cual el agente construye sus prácticas y representaciones del mundo, de lo que está bien y de lo que está mal, de lo posible y de lo imposible, de lo pensable y de lo no-pensable. (p. 376)

En el habitus se deposita información de experiencias pasadas. También es un dispositivo mediante el cual ese pasado, o la información construida por la experiencia vivida, se reactualiza permanentemente. En este sentido, las representaciones se constituirían tanto en los elementos depositarios de tal información como en los medios para que esta circule en los diferentes espacios sociales, donde el agente se posiciona e interactúa con otros, y pueden constituirse en un mecanismo de actualización de los contenidos que le dan forma al habitus (esquemas y disposiciones).

Al considerar que el habitus corresponde a un “conocimiento incorporado” en los cuerpos (Giménez, 2002, p. 3), que no solo reposa en los esquema14 de percepción, sino también en las disposiciones15, podemos decir que este se vehiculiza a través de las representaciones, es decir, a través de los significados y sentidos que va adquiriendo y puede ir adquiriendo dicho conocimiento de acuerdo, por ejemplo, con la posición del agente en una estructura de clases o en relación con su pertenencia a un grupo social específico. Según esta perspectiva, podríamos decir que:

Las representaciones no constituyen objetos que se encuentran suspendidos en forma etérea en el espacio social, sino que están incorporadas (es decir, integradas en el cuerpo simbólico) en el pensamiento de un agente por un proceso en construcción. (Piñero, 2008, p. 5)

Las representaciones remiten a: 1) elementos (hechos, objetos, personas) de la realidad, que han sido objetivados (reglas, instituciones, normas), y que además condicionan y son los referentes de las acciones y comportamientos; y 2) las configuraciones y expresiones que adquieren dichos elementos cuando se inscriben en el plano subjetivo, que no solo se traslapa con el social y viceversa, sino que cada uno influye y condiciona al otro.

Así, las representaciones revelan la estrecha relación que existe entre las estructuras internas de la subjetividad y las estructuras sociales externas. Estas no se constituyen en esferas opuestas, sino que se configuran como dos estados de la misma realidad que se plasman en los cuerpos y en las cosas. Se puede decir que los agentes, comprenden, ordenan, clasifican y hacen inteligible la realidad en conexión con la lógica que proviene de la integración de ambos ámbitos.

Por otra parte, Bourdieu (1979) es tajante en advertir que la configuración de los habitus, y por ende de las representaciones, es un proceso directamente relacionado con el acceso a capitales. Esta cuestión está mediada en gran parte por la posición que los agentes ocupan en la estructura de clases. Bourdieu (1989) define el capital como el conjunto de recursos (materiales, simbólicos, culturales) que un agente detenta por su pertenencia a una clase social. Martínez (2013) nos conmina a entenderlo como “cualquier tipo de recurso capaz de producir efectos sociales” (p. 54), similar al poder. El capital corresponde a “aquello que es eficiente en un campo determinado, como arma y como apuesta de lucha, lo cual permite a su portador ejercer un poder, una influencia” (p. 55). De acuerdo con esta idea, no solo las representaciones que encarnan los agentes provienen del acceso a capitales, sino que la fuerza que estas pueden tener en la construcción de la realidad va a depender de dicho acceso.

En cuanto a la clase social, esta se define como el espacio social que es compartido por los agentes que participan de un mismo habitus y que tienen un acceso más o menos similar a los diferentes tipos de capital. De acuerdo con Souza (1996):

Las clases sociales resultan de la posición ocupada en el espacio social según los capitales que se posean en el presente y la herencia social. Dicha posición en el espacio social constituye las condiciones sociales de existencia, que dan lugar a distintos habitus, gustos, prácticas y estilos de vida. (p. 34)16

En este sentido el acceso a capital y la pertenencia a una determinada clase social estarán en la base de los sentidos y significados que un agente elaborará y detentará sobre su entorno, sobre los objetos, los hechos, sobre sí mismo y sobre los otros y otras. Además, será determinante en la legitimidad y fuerza que estas (las representaciones) alcancen en un campo específico, es decir, como elementos que mediarán en la construcción de prácticas sociales.

Por otra parte, se debe considerar que, al ser un producto de la interiorización y asimilación de las relaciones de poder, el habitus genera representaciones que se constituyen en mediaciones del poder simbólico. Como agente portador de una serie de esquemas de interpretación del mundo y referentes del actuar, y en virtud de la clase social que ocupa y los capitales que detenta, el habitus tiene cierta ventaja —en un determinado espacio social— para el posicionamiento de sus maneras de comprender el mundo y, por ende, para el logro de sus intereses.

De acuerdo con Gutiérrez (2004), es clave preguntarse cuál es el papel de las representaciones en la imposición del poder. En principio, estas pueden ejercer un poder estructurante, porque son un componente del habitus. Con ello, además de ser determinantes en la transmisión de las comprensiones hegemónicas sobre la realidad, contribuyen a afianzarlas. En este sentido, se puede afirmar que las representaciones adquieren una función importante en la dominación, dado que “son operadoras de integración social de un orden arbitrario a través de un proceso de imposición de la legitimación de la dominación” (p. 296).

Para comprender con mayor detalle las anteriores apreciaciones resulta clave apelar al concepto de campo. Bourdieu conmina a pensar el campo como el escenario en el que los agentes se posicionan en relación con el acceso a los diferentes tipos de capital y el poder que de este acceso se desprende. En virtud de tal posicionamiento, los agentes avanzan en el logro de sus intereses. Concretamente, Bourdieu se refiere al campo como:

El espacio de las relaciones de fuerza entre los diferentes tipos de capital o, con mayor precisión, entre los agentes que están suficientemente provistos de uno de los diferentes tipos de capital para estar en disposición de dominar el campo correspondiente y cuyas luchas se intensifican todas las veces que se pone en tela de juicio el valor relativo a los diferentes tipos de capital; es decir, en particular, cuando están amenazados los equilibrios establecidos en el seno del campo de las instancias específicamente encargadas de la reproducción del campo de poder. (Bourdieu, 1989, pp. 50-51)

En este sentido, las representaciones deben ser entendidas como un elemento mediador tanto para el posicionamiento de los agentes como para el acceso a los “beneficios específicos que están en juego en el campo” (Bourdieu, 2013). Además, son importantes en la medida en que se tornan en referentes para el establecimiento de “relaciones objetivas con las otras posiciones (dominación, subordinación, homología, etc.)”17.

Si se considera que las representaciones se proyectan en medios o mecanismos y que, configuradas histórica y socialmente, posibilitan que los agentes actúen conforme a lo que se espera de ellos regularmente (Bourdieu, 1984), entonces estas se construirán en parte de ese bagaje con el que un agente cuenta (en relación con su clase social, con los habitus y con los capitales que detenta) para posicionar y lograr sus intereses. Sin embargo, la eficacia de las representaciones, tal como se dijo anteriormente, va a depender del tipo y cantidad de capital de un agente, es decir, del poder que tenga para definir el deber ser de la realidad, mediante la puesta en escena de los significados y sentidos que encarna18.

Bourdieu (1983, 1989, 1997) identifica y define varios tipos de capital:

• Capital económico: el que se reconoce como el proceso de apropiación directa de bienes y servicios a través de transacciones económicas. En palabras de Martínez (2013), este “se expresa a través del equivalente dinero, símbolo establecido para su representación, estando sujeto a la lógica de la escasez, y se valora por la ley de la oferta y la demanda” (p. 34). Se podría decir que, en determinados campos, quien tiene el mayor acceso a este capital puede constituirse en el agente que puede imponer sin mucho esfuerzo las representaciones que encarna, con el objetivo de avanzar en sus propósitos en un determinado campo19.
• Capital cultural: el que para Bourdieu (1979) se manifiesta de tres formas:

Estado incorporado, es decir, bajo la forma de disposiciones duraderas del organismo; en el estado objetivado, bajo la forma de bienes culturales, cuadros, libros, diccionarios, instrumentos, maquinaria, los cuales son la huella o la realización de teorías o de críticas a dichas teorías, y de problemáticas, etc., y finalmente en el estado institucionalizado, como forma de objetivación muy particular, porque tal como se puede ver con el título escolar, confiere al capital cultural —que supuestamente debe de garantizar— las propiedades totalmente originales. (p. 12)

El primer estado del capital cultural corresponde a una manera de ser y actuar con el cuerpo. En este sentido, inculcar y asimilar habitus conlleva tipos de manejo corporal, de estilos de caminar, hablar o moverse; y supone su incorporación mediante la pedagogía familiar. Para Bourdieu, el capital cultural no puede ser delegado y su transmisión no puede hacerse por donación, compra o intercambio: debe ser adquirido. Este tipo de capital cultural sería mayormente determinante de la configuración de las representaciones, dado que marca la manera como un agente se representa a sí mismo y se proyecta hacia afuera en un campo específico.

El estado objetivado está conformado tanto por los bienes culturales que posee un agente como por los medios para obtenerlos, además de las disposiciones y conocimientos que le permiten apreciarlos de forma válida. En relación con las representaciones, el acceso a este tipo de capital cultural se constituye no solo en un determinante del tipo de comprensión que el agente hace de su realidad, sino también de la manera como puede expresar dicha comprensión. Por ejemplo, si el individuo detenta los valores que lo ubican como “culto” o “culta”, las apreciaciones que haga del mundo o de la realidad se constituirán en evaluaciones legítimas y con poder de influenciar a otros y otras. En este sentido:

Este capital cultural solamente subsiste como capital material y simbólicamente activo, en la medida en que es apropiado por agentes y comprometido, como arma y como apuesta que se arriesga en las luchas cuyos campos de producción cultural (campo artístico, campo científico, etc.) —y más allá, el campo de la clases sociales— sean el lugar en donde los agentes obtengan los beneficios ganados por el dominio sobre este capital objetivado, y por lo tanto, en la medida de su capital incorporado. (Bourdieu, 1979, p. 14)

En cuanto al estado institucionalizado, es posible acceder a él y detentarlo de acuerdo con los títulos escolares obtenidos por el agente: estos le otorgan la capacidad de competir en campos donde el conocimiento adquirido, validado y legitimado es altamente valorado. Este tipo de capital es relevante en la configuración de las representaciones y la funcionalidad que estas adquieren en determinados campos. Por ejemplo, la explicación de la realidad con argumentos académicos le otorga a los agentes la posibilidad de ser mayormente valorados. Además, el conocimiento escolar permite una sofisticación de las representaciones.

• El capital social: corresponde al conjunto de los recursos con los que el agente cuenta en el presente o con los que puede contar en el futuro. El acceso a estos está determinado por la pertenencia a un grupo, a una red social que puede estar o no institucionalizada. Para Bourdieu, la cantidad de capital social que detenta un agente va a depender del agregado de conexiones que pueda movilizar y del volumen de las otras formas de capital que ese grupo posea (Martínez, 2013). Al respecto, Bourdieu (2000a) establece:

El capital es trabajo acumulado, bien en forma de materia, bien en forma interiorizada o “incorporada”. Cuando agentes individuales o grupos se apropian de capital privada o exclusivamente, posibilitan también, gracias a ello, la apropiación de energía social en forma de trabajo vivo o de trabajo cosificado. [...] El capital hace que los juegos de intercambio de la vida social, en especial de la vida económica, no discurran como simples juegos de azar en los que en todo momento es posible la sorpresa. (p. 131)