Al grupo Monagas
Este libro es el resultado de una investigación de muchos años. Es una indagación que empezó a partir del Caracazo de 1989 –un episodio que, como se sostiene aquí, implicó una ruptura del proceso sociohistórico venezolano– y con el correr de los años ha resultado en esta interpretación sociopolítica global de nuestra historia reciente. El Caracazo fue una sacudida en mi carrera profesional. Me obligó a un cambio de rumbo en los temas e inquietudes que hasta ese momento había trabajado, y me estimuló en la búsqueda de nuevas dimensiones de la realidad, lo que a la larga me fue permitiendo detectar y seguir fenómenos incipientes, que adquirirían peso considerable en la lucha política con el correr del tiempo.
Los capítulos están basados en un conjunto de artículos escritos desde mediados de la década de los años 90 hasta la actualidad. Algunos son de mi exclusiva autoría; otros fueron elaborados en colaboración con el profesor Luis E. Lander. He indicado la referencia completa del artículo académico original a pie de página al inicio de cada capítulo, lo cual me ha permitido aquí reducir las citas a su mínima expresión. Quien esté interesado en las fuentes completas que sostienen el argumento de cada capítulo puede ir al artículo referido. También he hecho una selección calculada entre los materiales abundantes que tenía disponibles, así que cada capítulo es un reajuste a fondo de los artículos que sirven de base, permitiendo que estos puedan leerse de continuo, como si se tratara de una narración histórica elaborada en un solo tiempo, y no en casi diez años, como es el caso. El propósito de esta estrategia ha sido brindar al lector no especialista un accesible recorrido cognitivo, que le permita comprender de una manera más densa y compleja por qué la sociedad venezolana encontró en un cambio de hegemonía, con todo lo que este concepto lleva implícito, la respuesta que considera por ahora satisfactoria a sus necesidades de adecuación a los cambios mundiales y nacionales.
Este libro fue posible por numerosos apoyos, a lo largo de estos últimos diez años, de colegas, estudiantes, amigos, familiares e instituciones. Mi gratitud a instituciones como el Woodrow Wilson International Center en Washington, D.C., el Kellogg Institute for International Studies de la Universidad de Notre Dame, la Cátedra Andrés Bello del St. Antony's College de la Universidad de Oxford, el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia, espacios académicos donde residí en distintos momentos, y que me permitieron tener acceso a información e infraestructura óptima para pensar y escribir sobre estos temas. Profesores y estudiantes con quienes tuve intercambios de información e ideas me ayudaron a mirar de manera distinta ciertos eventos o detalles de procesos. En Venezuela, fue especialmente importante el aporte institucional de la Universidad Central de Venezuela. Muchos de los artículos sobre los cuales se basan estos capítulos fueron posibles gracias a las condiciones institucionales y los apoyos materiales de mi alma mater. Como directora de la Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales entre 2000 y 2004, tuve acceso privilegiado a estudios de fondo y de coyuntura sobre los intensos y complejos procesos nacionales, latinoamericanos y mundiales que estábamos atravesando, y conté con un Comité Editorial de altísimo nivel para ayudarme a evaluar con sentido crítico tales procesos.
Desde 2001 y hasta hoy, he tenido el privilegio de conocer y contar con un grupo de colegas y amigos de agudo sentido analítico, amplia información y grandeza humana. Al “grupo Monagas” dedico este libro, pues las reuniones de un inicialmente pequeño grupo en el apartamento del edificio Monagas, donde vivo, reuniones que dieron lugar al documento colectivo “Un diálogo por la inclusión y la profundización de la democracia”, impulsaron luego un conjunto de reuniones en el Centro de Estudios Rómulo Gallegos y en otros espacios de la ciudad, donde se presentaron innumerables venezolanos y venezolanas para discernir sobre el acontecer nacional en los meses tan difíciles de 2002, entre el golpe de Estado y la paralización de PDVSA. Esa experiencia fue un estímulo excepcional para mantenerme siguiendo y escribiendo sobre esta fase de nuestra historia, enriquecida por el aporte de tantas personas sensibles y talentosas. Quiero en particular agradecer a Antonio González, de Provea, a Ana María Sanjuán, del Centro de Estudios para la Paz de la UCV, a Edgardo Lander, Dick Parker, Magdalena Valdivieso, Ignacio Ávalos, amigos y colegas de Faces-UCV; a Alberto Müller, militar, político e internacionalista; a Mireya Lozada, del Instituto de Psicología Social de la UCV, y a Olga Dragnic, de la Escuela de Comunicación Social. Creo que hay mucho de cada uno de ellos en las páginas que siguen. Una mención especial es para Luis E. Lander, mi esposo, amigo y colega, coautor de algunos de los artículos que sirven de base a capítulos de este libro, compañero de vida y de múltiples aventuras.
1. Este capítulo está basado en “Fracaso y fatiga de los ajustes en Venezuela: 1984-1998” (Margarita López Maya y Luis E. Lander), en: María Cristina Cacciamali, Catalina Banko, Dorotea Melchner, Ajuste estructural y su impacto social en América Latina. Caracas, UCV-UNESP, 2000, pp. 226-240. Ver también una versión con datos más actualizados en: “The Struggle for Hegemony in Venezuela: Poverty, Protest and the Future of Democracy” (Margarita López Maya y Luis E. Lander) en Jo-Marie Burt and Philip Mauceri (eds.), Politics in the Andes: Identity, Conflict, Reform. Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 2004, pp. 207-227.
2. Este capítulo está basado en “La protesta popular venezolana entre 1989 y 1993 (en el umbral del neoliberalismo), (Margarita López Maya) en: Lucha popular, democracia, neoliberalismo: protesta popular en América Latina en los años de ajuste, Caracas, Nueva Sociedad, 1999, pp. 211-235.
3. En el Congreso, AD obtuvo 97 diputados, Copei 67, MAS 18, NGD 6, La Causa R 3, ORA (un movimiento evangelista) 2 y el MEP, URD, Fórmula 1, OPINA y el PCV, un diputado cada uno (Consejo Supremo Electoral, 1989).
4. Este capítulo está basado en “Venezuela: la rebelión popular del 27 de febrero de 1989 ¿Resistencia a la modernidad?” (Margarita López Maya), Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, vol. 5, Nº 2-3, abril-septiembre de 1999, pp. 177-200; reelaborado en una versión más corta y con enfoque distinto en “The Venezuelan Caracazo of 1989: Popular Protest and Institutional Weakness”, Journal of Latin American Studies, Vol. 35: part one, febrero de 2003, pp. 117-138.
5. El Santiagueñazo fue una revuelta popular que estalló en las ciudades de la provincia argentina de Santiago del Estero en diciembre de 1993. Si bien sus motivos pueden coincidir con el Sacudón venezolano, pues fue en protesta por un plan de ajustes macroeconómico, fue iniciado por trabajadores públicos que ocuparon, saquearon y quemaron la casa de la Gobernación y también las sedes del legislativo y de la justicia de la provincia (v. Lauffer y Spiguel, 1999).
6. Lo que sigue es una reconstrucción de los hechos basada principalmente en estos diarios.
7. En 1999, uno de sus acompañantes ese día afirmó que Pérez sabía de los disturbios, pero tendió a verlos como algo pasajero (Betancourt en El Nacional, 21-02-1999). Pérez, en entrevista diez años después, afirma que su entorno de confianza, incluyendo a los ministros de la Defensa y de Relaciones Interiores, le informaron reiteradamente ese día que nada fuera de lo común estaba sucediendo. Solo tomó conciencia de la situación cerca de la medianoche, cuando regresó a Caracas (UCV, documental, 1999).
8. El saldo de muertes por acciones represivas durante golpe de Estado del 11 de abril y días siguientes de 2002 no son contabilizados en el informe correspondiente de Provea. Las del 11, por no existir a la fecha un informe confiable de lo ocurrido y en los días siguientes, por caer la responsabilidad en el gobierno de facto de Pedro Carmona. En el informe de 2002–2003 se registran cuatro muertes, pero tres de ellas como resultado de acciones represivas a una manifestación violenta.
9. Este capítulo está basado en “Venezuela: el impacto de sus reformas políticas durante el lapso crítico de 1989-1993” (Margarita López Maya), Cuadernos del CENDES, N° 26, mayo-agosto, 1994, pp. 27-54.
10. Este capítulo está basado en “El ascenso en Venezuela de La Causa R” (Margarita López Maya), Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, vol. 1, Nos 2-3, abril-septiembre, 1995, pp. 205-239.
11. Teodoro Petkoff, fundador del MAS, era una de las figuras más conocidas y de mayor prestigio en el mundo de la izquierda venezolana. Sería luego presidente de su partido y candidato presidencial. En 1998 abandonó al MAS por estar en desacuerdo con su apoyo a la candidatura presidencial de Hugo Chávez Frías.
12. El portón de Sidor es la puerta principal de entrada y salida de los trabajadores. Allí se encuentran las paradas del transporte colectivo que toman para ir y venir de sus hogares. En los horarios de entrada y salida de los diferentes turnos hay una apreciable concentración de obreros y empleados, por eso era un sitio excelente para dirigirse a ellos. Velásquez fue conocido como “el líder del Portón”.
13. Este capítulo está basado en “Actores emergentes en la crisis de legitimidad del sistema político: La Causa R, Convergencia y el MBR-200” (Margarita López Maya), Cuadernos del CENDES, N° 32, mayo-agosto, 1996, pp. 35-60.
14. Una de las mayores dificultades de esta investigación fue tener acceso a los dirigentes de Convergencia. Luego de reiterados intentos pudimos entrevistar a: Néstor Maldonado, fundador del partido y uno de los 10 coordinadores nacionales de Convergencia (1996); Juan Francisco Sosa Maury, subjefe de la fracción parlamentaria (1996) y Vladimir López, asistente de Manuel López Ruiz, representante de Convergencia en el CSE (1996).
15. Esta imagen fue utilizada por Diego Bautista Urbaneja en una exposición que hiciera de las tendencias políticas en marcha en Venezuela, en el Centro Gumilla, en enero de 1996. Llamaba acertadamente la tendencia de “la Venezuela profunda” haciendo una analogía con otros fenómenos políticos en América Latina; el más conocido, el de los zapatistas de Chiapas en México.
16. Esta situación cambió con la Constitución de 1999, que otorgó el derecho al voto a los militares activos. Sin embargo, no pueden militar en partidos, optar a cargos de elección popular, participar en propaganda política o hacer proselitismo político.
17. Estos documentos me fueron proporcionados por Maigualida Barrera en 1996 como documentos oficiales del MBR-200. A ella mi agradecimiento. Muchos no tienen ni lugar ni fecha, pero de su contenido se desprende que son todos de ese año y siguen una secuencia.
18. Datos tomados de: MBR-200, “I Asamblea Nacional Pro Constituyente Popular”, celebrada entre el 9 y 10 de septiembre de 1995, 18 pp.
19. Este artículo está basado en la ponencia: “Partidos de vocación popular en la recomposición del sistema político venezolano: fortalezas y debilidades” (Margarita López Maya), presentado en el XXIII Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA), Washington, septiembre, 6-8, 2001.
20. En las elecciones de julio de 2000 obtuvieron predominio en diez alcaldías y dos gobernaciones.
21. La llamada Guerra Federal se dio entre 1859 y 1863 y ha sido considerada como una guerra social con la cual sectores populares reclamaron el cumplimiento de las promesas de igualdad y libertad que el establecimiento de la república no había satisfecho. Entre los caudillos principales del bando federalista figuró el general Ezequiel Zamora, y la canción a que hizo referencia Chávez es un famoso canto de la época en contra de la oligarquía: “El cielo encapotado anuncia tempestad/ ¡Oligarcas, temblad! ¡Viva la libertad!”
22. Este capítulo está basado en “Triunfos en tiempo de transición. Actores de vocación popular en las elecciones venezolanas de 1998” (Margarita López Maya y Luis E. Lander), Cuestiones Políticas, N° 22, enero-junio de 1999, pp. 107-132. Otra versión en: América Latina Hoy, N° 21, Salamanca, abril de 1999, pp. 41-50.
23. Un resumen de los principales avatares de la crisis bancaria del primer año del gobierno de Caldera y de sus programas económicos hasta la Agenda Venezuela puede verse en Gran Enciclopedia de Venezuela, Caracas, Editorial Globe 1998, vol. IV, pp. 285-325.
24. Al finalizar el año 1998, el BCV calculó la inflación en 29,9%, es decir, 20,5% más baja que el año anterior; las reservas internacionales cerraron en $14.853 millones y el dólar se cotizaba a Bs. 565. El BCV reconoció que todos estos indicadores eran mejores a “las expectativas que se trazaron para el año” (El Universal, 2-1-1999: 2-4).
25. Los vínculos entre ambas organizaciones datan de antes de la insurrección militar del 4 de febrero. Luego de esa intentona se distanciaron por diferencias en torno a la misma. Esta coyuntura electoral los volvió a juntar.
26. Hubo interpretaciones encontradas alrededor del artículo 151 de la ley, por cuanto este expresaba que para sustituir una postulación hacía falta la renuncia, muerte o una declaración de incapacidad del candidato, nada de lo cual ocurría en este caso. Miembros del CNE y consultores jurídicos de ese organismo, días antes habían declarado la imposibilidad de la transferencia de los votos, si Alfaro no renunciaba (v. El Nacional, 18 al 29 de noviembre de 1998).
27. Este capítulo está basado en “Elecciones de 2000. Implantación de una nueva hegemonía en Venezuela” (Margarita López Maya y Luis E. Lander), Anuario Social y Político de América Latina y El Caribe, Flacso, Nº 4, 2001, pp. 9-17; y “Quince meses de gobierno chavista ¿Avanza un proyecto popular?” (Margarita López Maya y Luis E. Lander), Cuestiones Políticas, Nº 24, 2000, pp.11-36.
28. (v. nota 3 del capítulo 8).
29. En octubre de 2001, a raíz de una confrontación con el ministro Luis Miquilena, el presidente Chávez y el alcalde mayor protagonizaron un enfrentamiento verbal dando comienzo a lo que será una separación definitiva del alcalde de la coalición de gobierno.
30. Para la conformación parlamentaria electa en noviembre de 1998, veáse el capítulo previo.
31. En lo que sigue se manejan las cifras del CNE tomadas de Internet el 06-01-2001 ([www.cne.gob.ve]).
32. Este capítulo está basado en “La lucha por el poder en Venezuela entre 2001 y 2004: actores y estrategias” (Margarita López Maya). Ponencia presentada en la Reunión del Grupo de Trabajo “Historia Reciente” de Clacso (agosto, 10-11, 2004), Montevideo, Uruguay.
33. Los canales privados de televisión transmitieron los mensajes bajo la figura de “donación”. Recientemente el Estado exigió el pago de los tributos que estos medios adeudan por este concepto y que alcanzan los Bs. 6,1 millardos, cerca de $ 3 millones (SENIAT en Últimas Noticias, 20-3-04).
34. Este capítulo está basado en: “Geografía electoral en una Venezuela polarizada” (Margarita López Maya y Luis E. Lander), Observatorio Social de América Latina, Nº 14, 2004, pp. 15-26.
35. El recuento de este proceso se ha construido a partir de data hemerográfica de distinta procedencia, que se ha contrastado entre sí para garantizar la mayor objetividad, así como por notas nuestras tomadas en esos días de noticieros y transmisiones televisivas.
36. Basado en“Alcaldías de izquierda: las gestiones locales de LCR entre 1989 y 1996” (Margarita López Maya), Cuadernos del CENDES, N° 39, septiembre-diciembre, 1998, pp. 163-194.
37. Según la OCEI, la población del AMC en 1990 alcanzaba los 3.061.699 habitantes (Fundación Polar, 1998).
38. Los porcentajes son cálculos propios.
39. El trabajo político en Caracas fue abandonado por LCR después de la muerte de Maneiro y la separación del movimiento Pro-Catia en 1983.
40. La documentación oficial revisada comprende extractos de las memoria y cuenta de la alcaldía durante sus seis años de gestión y un conjunto de publicaciones municipales con propósitos de difusión, incluidas algunas ponencias presentadas por el alcalde Scotto en foros nacionales.
41. Múltiples fueron las dificultades para acceder a información completa sobre este aspecto de las gestiones estudiadas. Solo dos Memorias y Cuentas del municipio Libertador (1993 y 1994) reposan en la Biblioteca del Concejo Municipal. Dado lo conflictiva que resultó ser la transmisión de mando al nuevo equipo municipal en 1996, no se cumplieron los pasos institucionales de presentación y entrega de la memoria del último año de la gestión de Istúriz. Luego de algunos sondeos logramos saber que la Memoria existía y una copia era conservada por el alcalde mismo. Cerrando este estudio, Istúriz nos la proporcionó. Nuestro agradecimiento por ello. Por otra parte, nuestro agradecimiento a Itsia Vanegas, de la Alcaldía del Caroní, quien nos proporcionó copias de la Memoria y Cuenta de 1992 y 1996 de esa alcaldía y los cuadros de ingresos, recaudación y gastos entre 1993 y 1995 elaborados por la Oficina de Programación y Presupuesto de esa alcaldía.
42. Los llamados ingresos propios resultan de restarle al total recaudado lo aportado por el Situado Municipal y/o cualquier otro aporte especial del Gobierno nacional o regional. El Situado Municipal es un derecho que tiene todo municipio a recibir del presupuesto nacional una asignación de recursos y está normado por unos criterios contenidos en la LORM.
43. La baja considerable en la recaudación del IPIC en 1989 se dio en prácticamente todos los municipios del país, pues se debió a factores ajenos al gobierno local, como lo fue la implementación del programa de ajustes macroeconómicos de Pérez, que produjo una retracción severa de la demanda y disparó la inflación (Ángel Mouchet, s/f).
44. Aunque resulta difícil determinar con justo criterio cuánto debe ser la relación porcentual entre reparos e IPIC, Ángel Mouchet, especialista en la materia, calcula para Venezuela, dependiendo del municipio en cuestión, entre el 5% y el 10%. Estos porcentajes están por debajo en los diversos años (Mouchet, entrevista, 1998).
45. Este capítulo está basado en Quince meses de gobierno chavista ¿Avanza un proyecto popular? (Margarita López Maya y Luis E. Lander), “Cuestiones Políticas”, Nº 24, julio-diciembre 2000, pp. 11-36.
46. Basado en “Democracia participativa en Venezuela: filosofía y realizaciones” (Margarita López Maya), Le Monde Diplomatique, mayo 2005; y “Notas para el debate sobre las políticas sociales en la experiencia venezolana reciente” (Margarita López Maya), presentación en el Seminario-Taller: Desafíos y alternativas de cambio social en Uruguay y América Latina, el papel del sindicalismo (Instituto Cuesta Duarte y Clacso), agosto, 2005, Montevideo.
© Margarita López Maya, 2006
© Editorial Alfa, 2006
© alfadigital.es, 2016
Primera edición digital: junio de 2016
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ISBN Digital: 978-84-16687-70-1
ISBN Impreso: 980–354–180–3
Diseño de colección
Ulises Milla Lacurcia
Corrección ortotipográfica
Samuel González
Conversión a formato digital
Sara Núñez Casanova
En este libro se describe, analiza e interpreta la transformación sociopolítica que ha tenido lugar en la sociedad venezolana, desde que se iniciara a finales de los años 70 el declive de la democracia hoy conocida como de “Puntofijo”, hasta la implantación e inicial consolidación de un nuevo proyecto para el país de “democracia participativa y protagónica”, identificado como el Proyecto Bolivariano.
La asombrosa transformación de la sociedad, de la que todos hemos sido testigos y partícipes, es interpretada en este libro en términos de una lucha por la hegemonía. Definimos como lucha hegemónica un proceso dinámico, que ha implicado la creciente y sostenida organización y confrontación entre actores sociales y políticos, donde se van dando avances para unos y retrocesos para otros; donde actores se han ido sumando a una posición o retirándose para ir a otra; donde unos acumulan fuerza y otros la pierden; donde antagonismos iniciales se han modificado, debilitado o desplazado mientras surgen otros antagonismos. En la lucha hegemónica los actores van construyendo mediante su interacción las líneas básicas de proyectos de país, acordes con las demandas y sueños de quienes han participado, modificándose constantemente tales propuestas por la relación con otros actores que se van sumando al proyecto inicial y/o por la acción de adversarios, y aun de observadores. A través, a veces de la confrontación, otras veces del diálogo, de alianzas, elecciones, negociaciones y demás prácticas de la política, han ido emergiendo en la Venezuela del siglo XXI propuestas colectivas de futuro y nuevas relaciones de poder. El Proyecto Bolivariano, materializado primeramente en la Constitución de 1999, e impulsado por el presidente Chávez y su alianza de fuerzas sociopolíticas emergentes, alcanzó al finalizar el siglo el predominio político o la hegemonía. Se entiende este concepto como un “equilibrio inestable”, donde un grupo de actores logró acumular la suficiente legitimidad para acceder al poder y poner en práctica su proyecto para el conjunto de la sociedad. Al dar sus primeros pasos como gobierno en el siglo XXI, esa hegemonía y esos actores parecen consolidarse.
Al ubicar nuestro análisis en la perspectiva de la lucha hegemónica estamos sosteniendo que el proceso que ha vivido la sociedad ha sido principalmente democrático en su naturaleza, independientemente de que en distintos episodios o vicisitudes, como veremos en diversos capítulos, algunos actores hayan recurrido a prácticas reñidas con esos procedimientos, buscando hacer prevalecer sus intereses particulares a la fuerza. Una transformación hegemónica implica un cambio de relaciones de poder en una sociedad mediante la guerra de posiciones, y la historia humana bien nos muestra que el camino para que eso pueda suceder está peligrosamente lleno de obstáculos, emboscadas y abortos. Por lo general, los que disfrutaban del poder harán lo indecible para mantenerse en él, y los que ahora se sienten con fuerza para dirigir la sociedad buscarán el reconocimiento de ello, a veces también a como dé lugar. La prolífica experiencia histórica indica que lo más común son los cambios violentos. En este sentido, el proceso sociopolítico venezolano, aunque no exento de tales manifestaciones, se erige como un caso interesante y bastante excepcional, toda vez que ha logrado cambios significativos en el orden político sin desatar la violencia y/o el autoritarismo. Como lucha hegemónica, el proceso sociopolítico venezolano se proyecta hacia el futuro en una continuación y profundización de esta dinámica democrática.
La historia de la lucha hegemónica en Venezuela entre 1983 y 2004 se expone a partir de un conjunto de procesos socioeconómicos y sociopolíticos de carácter nacional, que se fueron acumulando a lo largo de estas décadas. Estos aspectos nacionales también han estado intrínsecamente vinculados con procesos más amplios de globalización neoliberal, que se han venido desarrollando desde los años 70 en el sistema capitalista mundial y que han alterado profundamente las relaciones centro-periferia que predominaron entre los Estados nacionales después de la Segunda Guerra Mundial. Por ello, la historia que se busca comprender aquí es de significativa complejidad, multidimensional, y aun con aspectos de interpretación difícil y/u oscura.
El último cuarto del siglo XX ha sido el escenario de un proceso de recomposición o reestructuración del capitalismo que aún no culmina y en el cual todas las sociedades del planeta han sido afectadas en mayor o menor grado. Iniciado, según algunos, a fines de los años 60, por una típica crisis de sobreacumulación en los países industrializados, en la década del 70 se superpuso a ella la devaluación del dólar y la crisis energética. A partir de entonces se fue desarrollando un abigarrado complejo de políticas económico-financieras y procesos de distinta naturaleza, entre ellos las innovaciones informáticas y comunicacionales, así como los asombrosos cambios políticos de Centroeuropa bajo la égida del capitalismo financiero, que han tendido a la integración de Estados y sociedades a un sistema económico único. América Latina ha estado inmersa en estas transformaciones, afectada profundamente en los años 80 con la “crisis de la deuda” y su consecuencia directa, la llamada por la Cepal “década perdida”. Fue en los años 80 cuando todos los indicadores socioeconómicos de nuestras sociedades retrocedieron y comenzó el calvario de las políticas de ajuste y reestructuración económica, impuestas a las economías de la región por las agencias multilaterales de crédito, dominadas por los intereses de las fuerzas económicas y políticas de los países centrales. Gobiernos de extrema derecha en EE.UU., Inglaterra y otros, buscaron corregir las disfunciones de sus economías mediante la imposición en la periferia de formas de aguda explotación y dominación.
Es sobre este escenario de fondo, llamado por algunos “globalización neoliberal” y por otros “mundialización”, donde arranca la trama venezolana que aquí analizaremos. Venezuela, por su condición múltiple de país periférico en el sistema capitalista mundial, petrolero y democrático, parece haber sido especial y contradictoriamente influido por los intensos reacomodos económicos, geopolíticos y socioculturales que se desarrollan en la esfera del capitalismo desde entonces. Su estrecho vínculo histórico con EE.UU., como seguro proveedor del estratégico combustible para su maquinaria industrial y militar, la ha colocado en una situación difícil para ejercer su soberanía, toda vez que ese país se ha constituido en esta etapa en la potencia militar e “imperial” única del planeta, que no duda en ejercer su fuerza para garantizar los intereses de las corporaciones transnacionales que se albergan en su territorio. Por otra parte, Venezuela es una de las democracias más antiguas de América Latina, y en los últimos seis años su cambio hegemónico, cuya dirección anda a contracorriente del neoliberalismo que prevalece como ideología en el orden internacional, se ha visto respaldado con recurrentes procesos electorales y una intensa política de la calle. La transformación de la sociedad venezolana a través de cauces propios ha sido recibida con enorme disgusto por parte de las fuerzas que actualmente dominan el mundo. Por ésto y otros desarrollos vividos con intensidad a lo largo de estos años, este análisis trasciende el caso particular, y muchos de los procesos que aquí se analizan contribuirán a echar luz sobre otras traumáticas experiencias de sociedades periféricas en el contexto de estas transformaciones.
El libro está dividido en cuatro partes, que corresponden a distintos ejes temáticos. Cada parte a su vez se desglosa en capítulos que buscan desarrollar en profundidad un aspecto esencial de cada tema en cuestión.
La primera parte corresponde al escenario donde se desenvuelve la crisis y la lucha hegemónica. Se llama “El Pacto de Puntofijo se derrumba y resurge la protesta popular”. En ella se da cuenta del conjunto de factores socioeconómicos y sociopolíticos que explican, anuncian y condicionan los procesos de cambio. Esta parte comprende cinco capítulos, los dos primeros centrados en examinar los indicadores socioeconómicos y las condiciones político-institucionales que engendraron la crisis de hegemonía del pasado proyecto político. Los otros tres revisan e interpretan la movilización popular que ha tenido lugar, tomando como eje el Caracazo.
La segunda parte aborda el fenómeno de la emergencia de nuevos liderazgos en la sociedad venezolana, es decir, la aparición y/o vigorización de actores sociales y políticos que buscan sustituir a actores antes protagónicos, en particular a los partidos Acción Democrática y Copei, que son cada vez más rechazados por la población. Esta parte se llama “En búsqueda de liderazgos alternativos. Partidos de vocación popular en los años 90”. En Venezuela, al igual que en el resto de América Latina, la recesión económica, la aplicación de políticas de ajuste y reestructuración de naturaleza neoliberal, con la consecuente descomposición social, creciente pobreza y profundización de la desigualdad y exclusión sociales, abrieron el camino para una pronunciada polarización social. Pero a diferencia de otros países de la región, esta polarización comenzó a expresarse políticamente desde los años 90 con el crecimiento electoral de organizaciones que elaboran discursos en sintonía con los anhelos de los sectores pobres y empobrecidos, evidenciando una política que se ha orientado por discursos “de clase”. Aquí se examinan en sus orígenes y primeros desempeños los actores de vocación popular, que alcanzan precaria o más permanente hegemonía a lo largo del período. Tales son los casos de La Causa R, Convergencia, el Movimiento Bolivariano 200 o el Movimiento Quinta República. Esta parte está compuesta por tres capítulos.
La tercera parte, “Implantación de una nueva hegemonía”, presenta la lucha por el poder de los nuevos y viejos actores políticos, tanto en el marco institucional por excelencia de los regímenes democráticos, las elecciones en sus distintos niveles de la administración pública, como también en la arena extraconstitucional de la insurgencia. Desde 1989, el año del dramático Caracazo, los electores fueron ensayando, elección tras elección, alternativas para la transformación de la democracia venezolana. Sería en 1998, tras la acumulación de reiteradas frustraciones frente a las autoridades que elegían, cuando los electores se radicalizarían votando masivamente por un cambio contundente, encarnado en la figura del comandante del fallido golpe de Estado de 1992, Hugo Chávez Frías, y su alianza política, el Polo Patriótico. Desde entonces y hasta agosto de 2004, cuando tuvo lugar el referendo revocatorio presidencial, que reafirmó el liderazgo del proyecto bolivariano, la lucha por la hegemonía fue intensa, a veces feroz, revelando una honda polarización sociopolítica entre proyectos para el país hasta ahora con pocos puntos de encuentro. Esta parte está compuesta por cuatro capítulos.
La cuarta y última parte está dirigida a analizar gestiones gubernamentales, en distintos niveles de la administración pública, que llevan la impronta del proyecto hegemónico en construcción, de naturaleza popular y/o de izquierda. Esta parte se ha intitulado “Gestiones de la nueva hegemonía” y busca identificar en los gobiernos de La Causa R de los años 90 y en algunos aspectos de la gestión gubernamental actual del presidente Chávez claves fundamentales del proyecto sociopolítico que hoy orienta el futuro de la sociedad venezolana. Esta parte está compuesta por tres capítulos. El libro cierra con un epílogo. Contiene adicionalmente una selección de fotos ilustrativas de la atmósfera y eventos de la época, y al final se presenta una lista de las abreviaturas más usadas y una bibliografía general.
A fines de los años 70 se inició para la sociedad venezolana un proceso sostenido de deterioro económico que significaría una dramática involución en la calidad de vida de vastos sectores de la población, así como el paulatino cierre de las expectativas de progreso para quienes aún no habían visto cumplidas las promesas de mejora en su calidad de vida ofrecidas por la democracia de “Puntofijo”. La recesión económica va a producir retrocesos en importantes logros sociales obtenidos durante el desenvolvimiento del modelo de sustitución de importaciones, creando las condiciones para el malestar de diversos actores sociales y políticos, que protagonizarán las intensas y confrontacionales movilizaciones de fin de siglo.
Buscando conjurar este declive, al menos desde el gobierno de Luis Herrera Campíns (1979-1984), se comenzaron a aplicar a la economía políticas de ajuste macroeconómico y reestructuración de orientación neoliberal. Los varios intentos que se dieron estuvieron signados por su corta duración. Los dos primeros, correspondientes a los gobiernos de Herrera Campíns y Jaime Lusinchi, fueron bastante inconsistentes, y los dos siguientes, de los gobiernos de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera, si bien fueron más consistentes, encontraron una fuerte resistencia popular que culminó con sus derrotas políticas. Esta sucesión de intentos fallidos permite catalogar al caso venezolano como ejemplo de una sociedad con “fatiga de ajuste”, entendiendo por tal a una sociedad que, por lo reiterado de los ensayos fracasados, pierde confianza en la capacidad de ese proyecto para superar la crisis. Por otra parte, tales fracasos acentuaron y profundizaron el declive económico del país iniciado por el agotamiento del modelo de desarrollo anterior, reforzando las tendencias al deterioro social y potenciando el creciente descontento político con los partidos.
Aunque el gobierno de Herrera Campíns, iniciado en 1979, tuvo algunas orientaciones neoliberales expresadas inicialmente en su programa de campaña y en el VI Plan de la Nación, la convergencia del segundo boom de precios petroleros (1979-81) con la fuerza de las rutinas e inercia del petro-Estado venezolano conspiraron en contra de la implementación de estas y en rigor no se aplicó durante ese gobierno un programa de ajuste. Más bien, el gobierno terminó actuando en la forma que había criticado a sus antecesores, es decir, utilizando el ingreso fiscal como dinamizador de la economía y desembocando al final de su mandato en una situación de severa dificultad económica.
El gobierno siguiente, de Jaime Lusinchi, que se inició en febrero de 1984, comenzó, por tanto, en medio de una recesión económica que se arrastraba ya por varios años. Pese a que entre 1979 y 1981 el Estado venezolano había percibido un ingreso mayor que lo obtenido en los cinco años del primer gobierno de Pérez (1974-1979), los recursos resultaron insuficientes para cubrir los múltiples compromisos adquiridos por el Estado con la sociedad. Desde 1979 había comenzado en Venezuela el declive inexorable del modelo de desarrollo sustentado en la renta petrolera, expresado, en primer lugar, en el estancamiento del ritmo de la actividad económica. En 1983, la combinación de este estancamiento con los retardos del gobierno de Herrera Campíns para refinanciar la deuda externa, junto con la situación en evolución del sistema capitalista mundial, que pasaba por reajustes profundos, desembocaron en la decisión gubernamental de devaluar el bolívar e ir a un sistema de cambio preferencial. El 18 de febrero se oficializaron estas medidas. Esa fecha se conoce en Venezuela como el Viernes Negro y fue la primera señal de alerta para la sociedad sobre la crisis económica que se prolongaría con altibajos hasta entrado el siglo XXI. Un titular de prensa por aquella época sintetizó el estado de ánimo de parte de la población: “La fiesta se acabó”.
El presidente Lusinchi tomó posesión un año después, respaldado por una de las mayores votaciones para presidente que registra la historia electoral venezolana. Poco después, anunció un paquete económico que seguía algunas de las pautas emanadas de las agencias financieras internacionales, si bien, strictu sensu, no era un plan de ajuste macroeconómico derivado de un acuerdo formal con el Fondo Monetario Internacional (FMI), sino un compromiso unilateralmente asumido por el gobierno, el cual buscó con esta iniciativa crearse condiciones favorables para obtener un refinanciamiento de su deuda externa, calculada entre las cuatro más cuantiosas de la región. El ajuste del gobierno de Lusinchi califica como un “paquete heterodoxo”, pues reunía algunas de las características que encajan con esa clasificación: mantuvo un rol activo del Estado en la inversión y regulación económica, no estaba directamente vinculado al FMI y confería mayor importancia y prioridad a los tópicos de la distribución y el empleo que los programas ortodoxos. Señalemos escuetamente las medidas fundamentales que se anunciaron en febrero de 1984:
Junto a estas medidas de corte neoliberal, se anunciaron otras no cónsonas con esa doctrina económica, como medidas tendientes a estimular el desarrollo agropecuario, una baja de las tasas de interés, medidas de estímulo a la generación de nuevos empleos, como el incremento en 10% de nómina de las empresas el próximo semestre y el pago de las deudas internas del Estado, sobre todo aquellas contraídas con los agricultores y pequeños y medianos empresarios.
Como señal de las contradicciones que se vivían en el seno del gobierno por estas decisiones, pocos meses después se presentó el VII Plan de la Nación, el cual diagnosticaba con lucidez el agotamiento irreversible del viejo modelo de desarrollo industrialista, pero propugnaba la reestructuración económica siguiendo orientaciones en lo fundamental distintas a la concepción neoliberal. El VII Plan planteaba una estrategia general que articulaba una estrategia de crecimiento, una estrategia social y una estrategia política. Dicha estrategia global, siguiendo los paradigmas de la planificación estratégica, descansaba para su viabilidad en dos bases: la conformación de un proyecto político consensual llamado “El Pacto Social” y la reestructuración del Estado. En lo que se refiere a la estrategia económica se promovían como ejes dinamizadores a la agricultura, la industria y el turismo, buscándose simultáneamente una transformación y modernización del sector público para redefinir su rol en la actividad económica. El plan expresaba la intención de privatizar o transferir al sector privado un conjunto de actividades y servicios, pero pensado como estrategia para democratizar la base de sustentación de la sociedad civil, pues se proponía la creación de un tercer sistema de propiedad, el “Sistema Económico de Cooperación” a fin de extender el acceso a la propiedad empresarial a los trabajadores y equilibrar así las relaciones de propiedad.
El VII Plan encontró un feroz rechazo por parte del sector empresarial, que vio con horror el tercer sistema de propiedad. El ministro renunció en diciembre de 1984 y el plan nunca llegó a implementarse. En sustitución, el gobierno dio un cambio significativo de estrategia y elaboró un Plan Trienal de Inversiones, centrando su propuesta económica en el refinanciamiento y pago de la deuda externa, para lo cual se plegaría a las directrices y exigencias de las agencias financieras internacionales.
En diciembre de 1986 el gobierno de Lusinchi volvió a decretar una nueva devaluación del bolívar. Confrontado por una reducción drástica de los precios del barril de petróleo en el mercado mundial ese año, el gobierno recurrió otra vez a este peligroso expediente para equilibrar la balanza de pagos. Este “golpe de timón”, como fue llamado por el gobierno, no significó, empero, un nuevo paquete macroeconómico y más bien puede afirmarse que este fue interrumpido. Para esta fecha, ya se había logrado refinanciar la deuda externa, después de cumplir con una de las exigencias más onerosas y absurdas impuestas por las agencias internacionales: el reconocimiento de la deuda externa privada a dólar preferencial, así como el otorgamiento de un aval público como garantía de pago de esa deuda. La acción del gobierno a partir de esta fecha se caracterizará por, aún manteniendo algunos de los rasgos del paquete de 1984, la expansión del gasto fiscal con el objetivo de terminar el mandato con altos niveles de popularidad y asegurar el triunfo electoral del partido de gobierno. Esto trajo como consecuencia una merma excesiva de las reservas internacionales, la cual, en combinación con otros desequilibrios económicos, llevó al presidente a declarar una moratoria del pago de la deuda en enero de 1989, un mes antes de finalizar el período constitucional, y pasadas ya las elecciones presidenciales donde triunfó Pérez, el candidato de AD.
El segundo paquete ensayado en Venezuela sería el anunciado por el presidente Pérez pocos días después de su segunda toma de posesión. Los principales indicadores macroeconómicos con los cuales terminó la gestión de Lusinchi fueron tan alarmantes que hicieron inevitables cambios sustanciales en la orientación económica del gobierno. La inflación llegó a alcanzar cifras históricas de 28,08% y 29,46% en 1987 y 1988 respectivamente, las reservas internacionales cayeron a $6.555 millones al cierre del año 1988 y el déficit fiscal global en el momento del cambio de gobierno representaba el 15,1% del PIB. La nueva orientación por la cual opta el gobierno sí puede catalogarse como un programa de ajuste de naturaleza ortodoxa, pues fue resultado de un compromiso formal con el FMI y cumplió con todos los requerimientos exigidos por este.
El programa de ajuste macroeconómico del gobierno de Pérez se resume fundamentalmente en la Carta de Intención firmada con el FMI en Washington el 28 de febrero de 1989. Sus contenidos principales fueron: a) restricción del gasto fiscal; b) restricción de los niveles salariales; c) unificación del régimen cambiario con paridad unitaria y flotante; d) tasas de interés flexibles y aumento inmediato de los niveles de las tasas de interés reguladas, eliminación de los créditos a tasas preferenciales para la agricultura, establecimiento de las tasas de interés por el mercado tan pronto como fuera posible; e) reducción de los controles de precios; f) posposición de programas de inversión de baja prioridad; g) reducción de subsidios; h) introducción de un impuesto sobre la venta; i) ajuste de las tarifas de los bienes y servicios provistos por empresas estatales, incluyendo los precios de los productos petroleros en el mercado interno; j) reforma en el régimen comercial, incluyendo la eliminación de la mayor parte de las excepciones en las tarifas y liberalización de las importaciones; k) levantamiento a las restricciones de las transacciones internacionales, incluyendo la inversión extranjera y la repatriación de dividendos.