Mientras se desarrollaba el operativo, Benavent, protegido por soplón, permanecía ajeno al escándalo enfundado en su personaje, recluido en un lugar secreto, entregado como un monje a la meditación y la agricultura ecológica. Decenas de horas de confesión y colaboración con la Fiscalía, el juez y la Guardia Civil han acrecentado su leyenda y dejan sin respuesta muchas incógnitas. ¿Por qué grabó a sus compañeros durante siete años? ¿Qué uso pretendía hacer de esas conversaciones? ¿Por qué no lo denunció?

Cada declaración en el Palacio de Justicia se convertía en un show televisado en directo, con una nube de periodistas, humoristas, yayoflautas y espontáneos que le saludaban, le jaleaban o se hacían un selfie con él. En una de las entradas, Benavent se vino arriba e implicó al mismísimo presidente del Gobierno en el caso Taula: «Mariano Rajoy estaba al corriente de lo que ocurría... Estamos viéndolo todos los días. El PP está imputado por corrupción, por destrucción de discos duros. Negar que el presidente sepa que en su partido pasan estas cosas... yo no lo hago tan tonto. Cada uno que crea lo que quiera».

Este caso es el colofón a una etapa en la que, según la investigación, el PPCV ha actuado como una organización criminal, con ramificaciones internacionales y cinco cajas de dinero B conectadas entre sí, financiación ilegal y blanqueo de capitales. La Guardia Civil sitúa en sus informes al expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, como una especie de «director» de esta siniestra orquesta con solistas destacados pero con secciones y cuerdas que funcionaron a la perfección en su cometido.

Como en el resto de tramas, los actores del caso Taula han sabido conjugar el cuidado a la formación política que les mantenía y que debía perpetuarse en el poder, el PP, al que presuntamente entregaban una parte de lo recaudado para financiar las campañas electorales, con el desvío de mordidas y sobornos a sus propios bolsillos para el lucro personal. Y es que parece que todos los dirigentes del PP que protagonizan este libro han asistido a clases a la misma academia de formación. Todos actuaban de forma autónoma en su territorio, ya fuera una diputación, una conselleria o una empresa pública, pero coordinados, buscando siempre el mismo fin, perpetuar el régimen político corrupto que tanto les beneficiaba.

En pocas democracias avanzadas hay quince exmiembros del Ejecutivo condenados o imputados («investigados» según la nueva terminología de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) por corrupción, incluyendo a dos expresidentes, Francisco Camps y José Luis Olivas; los tres expresidentes provinciales del partido han sido detenidos en operaciones policiales: uno entró en prisión con condena en firme —Carlos Fabra— y los otros dos —Alfonso Rus y José Joaquín Ripoll— aguardan el juicio; los exalcaldes de las capitales provinciales están envueltos en causas judiciales, solo en Valencia hay 26 exconcejales del mismo partido, pertenecientes a varias legislaturas, imputados.

La corrupción sistémica lo ha alcanzado absolutamente todo. Bañarse en la piscina municipal, jugar a fútbol, subirse al transporte público, beber agua del grifo, la luz que ilumina las calles, encender el televisor, el colegio al que van nuestros hijos, la residencia en la que está el abuelo… pagamos siempre más por la mordida que se lleva el responsable de turno. Se investigan comisiones por programas de televisión, construcción de colegios, carreteras y líneas de tren, reformas de edificios públicos, conciertos, eventos deportivos, ¡hasta por ir a misa! Cleptocracia.

La pregunta que se harán muchos lectores es por qué la Comunidad Valenciana llegó a alcanzar estos niveles de corrupción. Desde mi punto de vista, los pilares sobre los que se levantó (con gran profesionalidad) la compleja estructura que permitió el saqueo de las arcas públicas son tres: la opacidad, un relato y el control económico. El liderazgo en corrupción que ha alcanzado la Comunidad Valenciana solo se explica por la excelencia que lograron los arquitectos del régimen en su empeño.

Vayamos por partes. El control de la información era crucial para lograr la impunidad. Se hizo a distintos niveles y con cortafuegos, para tener garantizada la opacidad. Desde 1995 (cuando Eduardo Zaplana ganó las elecciones por mayoría simple) se creó una administración paralela con fundaciones y empresas públicas para burlar los controles en la contratación. Además, cuando la oposición pedía documentación se le negaba. Y si en algún momento algo salía a la luz tampoco había problema: todo estaba atado con el control de los medios de comunicación, el principal, Canal 9, con comisarios políticos en la dirección en lugar de periodistas. Y a los políticos de la oposición o periodistas que osaban criticarles se les perseguía con querellas o montajes. De esta forma, lo que no interesaba al poder, como el accidente de metro del 3 de julio de 2006, no existía.

El profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, Ignacio Sánchez-Cuenca, explica en La impotencia democrática (Catarata) la relación directa entre la corrupción y la circulación de periódicos en las sociedades democráticas. «Ante una ciudadanía bien informada los políticos tienen menos margen para cometer abusos de poder», afirma.

El segundo factor es el del relato político. El PPCV armó un discurso imbatible. Era el partido que se identificaba con lo valenciano, subió la autoestima de la sociedad valenciana con los grandes eventos y aquella cantinela de «hemos puesto a Valencia en el mapa». Quien se oponía a sus eslóganes sobre el progreso, el agua y la riqueza era directamente «enemigo del pueblo valenciano». Con este relato casi logran no tener rival electoral y convertirse en partido único, como en México.

El tercer pilar es el del dinero. Todo el control económico y financiero de la región estaba en las mismas manos, las suyas. Los proyectos faraónicos ideados por el Consell y las grandes inversiones privadas de los empresarios amigos estaban garantizados con el capital inyectado por Caja Mediterráneo, Bancaja y el Banco de Valencia, entidades financieras que utilizaban como sus herramientas. Las asociaciones empresariales, los sindicatos, los clubs de fútbol, los medios de comunicación, las asociaciones de amas de casa, y todos aquellos que se mostraban leales al proyecto y repetían su relato recibían su recompensa en forma de subvenciones, trabajo, proyectos o ayudas públicas. Quienes no lo hacían pasaban al ostracismo, se les asfixiaba económicamente o quedaban fuera del sistema. La red clientelar funcionó a la perfección.

Con este sistema infalible había retorno: los empresarios beneficiados con adjudicaciones millonarias pagaban presuntamente las campañas electorales del PP, un partido que en la Comunidad Valenciana carecía de rivales, al menos con posibilidades de vencer. Es lo que algunos expertos como Antonio Laguna o José Antonio Piqueras, entre otros, llaman la «democracia secuestrada» (El secuestro de la democracia, Akal).

Resulta complejo responder en esta introducción por qué se ha concentrado tanta corrupción en la Comunidad Valenciana. En el análisis realizado en Tierra de saqueo. La trama valenciana de Gürtel se aludía al concepto de «tormenta perfecta». En las siguientes páginas entenderán cómo el cierre en falso del caso Naseiro, el caso Blasco o el caso Sanz en los años noventa y la ausencia de consecuencias penales o cambios en el reglamento de la administración pública también ha sido un factor determinante. Alguien debió pensar que con aquellas resoluciones la impunidad estaba garantizada.

Pensaban que cometían un crimen perfecto, pero no lo hicieron. Dejaron huellas, socios enfadados que se chivaron, políticos insobornables que denunciaron, periodistas tenaces, jueces y policías que hicieron su labor. Habrá tiempo para la autocrítica en todos los ámbitos de la sociedad valenciana, para saber por qué no se actuó antes, y se deberá analizar quiénes fueron cómplices de lo ocurrido por acción u omisión. Pero lo cierto es que este régimen se desmoronó el 24 de mayo de 2015, cuando la sociedad valenciana salió de su letargo, mandó al Partido Popular a la oposición y le pidió regenerarse.

La irrupción en escena de Marcos Benavent, el «yonqui del dinero», la evolución de las investigaciones en curso, la resolución de algunos casos y la dimensión alcanzada por el latrocinio en la Comunidad Valenciana hacían necesario actualizar el trabajo de Tierra de saqueo, publicado en octubre de 2013. En aquel momento y tras un pormenorizado estudio, cifré la factura del despilfarro y la corrupción en 12.500 millones de euros, pero los nuevos datos conocidos permiten elevar el dato (con el mismo criterio que entonces) a los 15.000 millones. La cifra equivale prácticamente al presupuesto anual de la Generalitat Valenciana y a más de un tercio de su deuda.

Las escuchas telefónicas, las cintas magnetofónicas, o las grabaciones con micrófono oculto como las que nos ha regalado Benavent son el hilo conductor de este relato. Considero que estos hallazgos tienen un valor incalculable. Puede que en algunos momentos de la historia las grabaciones hayan sido cuestionadas o incluso anuladas como prueba judicial, pero su valor periodístico es enorme, porque retratan a quienes las protagonizan en un momento en el que creen que están en la más estricta intimidad, con los suyos, y se muestran tal y como son.

La justicia debe discernir si sus conductas se ajustan o no a la ley, pero el periodismo debe seguir siempre su propio camino: informar con rigor y sacar a la luz lo que los poderosos nos ocultan. Y eso es lo que pretendo hacer en las siguientes páginas.

Les invito a que conozcan las diez historias más espectaculares de la corrupción valenciana en el último cuarto de siglo, de Naseiro a Taula. Son relatos reales y autónomos, pero conectados entre sí como las propias tramas de corrupción. Esas conversaciones «pilladas» in fraganti durante casi tres décadas a políticos valencianos demuestran que la adicción al dinero no era única y exclusiva de Marcos Benavent, porque la Comunidad Valenciana ha sido un paraíso para los yonquis del dinero.

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«Estoy en política para forrarme»

Vicente Sanz, el sátrapa de Canal 9

El jueves 23 de junio de 1994 el periódico Las Provincias, diario de referencia para la derecha valenciana, publicó una noticia inquietante e inesperada: «Vicente Sanz pone su cargo a disposición del PP». La exclusiva sobre uno de los políticos del momento, el número dos del partido de Eduardo Zaplana, aparece sin firmar, en página par, y en un texto lleno de intriga donde no se explican los motivos. Se alude a una historia «rocambolesca» de «presiones», «extorsiones» y «chantajes» debido a una grabación de la que no se ofrecen detalles.

El editorial, que lleva la firma de la directora, María Consuelo Reyna, se titula «Cassettes y política» y es en realidad una loa al «saber dimitir» de Vicente Sanz: «pocas veces se da» en los políticos. «Ha dimitido cortando de cuajo una campaña perfectamente organizada […] Ha terminado con su brillante carrera política», dice Reyna. «El hombre de la cassette y los que le impulsaron a ello han debido quedar escarmentados de por vida», finaliza.

¿Cuál era la campaña organizada? ¿Qué se decía en la grabación? ¿Quiénes participaron? El artículo y el editorial deberían ser estudiados en las facultades de periodismo. El lector solo puede sacar dos conclusiones: alguien se la ha jugado al pobre Vicente Sanz, un gran político que se aparta por el bien del partido. Información, ninguna.

La dimisión era un bombazo, pero la alusión a una enigmática grabación podía provocar unas consecuencias incalculables. La Comunidad Valenciana estaba a menos de un año de las elecciones autonómicas de mayo de 1995, que el PP afrontaba convencido del vuelco electoral y del cambio de ciclo en una autonomía hasta entonces de tradición progresista. El centro-derecha liberal se había reinventado con el joven Eduardo Zaplana, que había salido indemne del caso Naseiro y se presentaba como adalid de la regeneración política frente a un PSOE sumido en los escándalos de corrupción del fin del felipismo. Había mucho en juego.

En los días posteriores, y a remolque de aquella exclusiva de Las Provincias, el resto de medios de comunicación intentan informar de la misteriosa cinta y especulan con su contenido, la importancia de los interlocutores, o sobre quién está detrás del supuesto chantaje. Según trasciende en ella, Vicente Sanz le dice a un empresario que está en política «para forrarse» y que aspiraba a ser vicepresidente de la Generalitat para «mangonear», «decidir sobre la adjudicación de obras», «dar el golpe» y retirarse «a los sesenta años, con noventa o cien millones de pesetas», que sería el equivalente hoy en día a 540.000 o 600.000 euros.

Algunos medios se hicieron eco del perfil más ambicioso de Sanz, que ya era conocido, y de sus palabras eufóricas durante la fiesta de celebración de las elecciones europeas del 12 de junio de 1994, en el Alameda Palace, cuando afirmó: «Y ahora, vamos a forrarnos».

Vicente Sanz era entonces un peso pesado del partido: diputado autonómico y presidente del PP en la provincia de Valencia. Era el brazo derecho de Zaplana (un cartagenero procedente de la provincia de Alicante) en el cap i casal, Valencia. Pero por culpa de aquella grabación tuvo que dimitir de sus responsabilidades en el partido. Todo apuntaba a que se truncaba su deseo de «forrarse» mediante la política, y que pasaría a ocupar un espacio preferente en la historia de las barbaridades valencianas por aquel improperio. Sin embargo, con el tiempo se demostraría que estas dos suposiciones se quedarían muy cortas.

Sanz no fue defenestrado. Cuando ganó las elecciones, Zaplana le nombró alto cargo de Radiotelevisió Valenciana, la joya de la corona de las empresas públicas, y su mujer irrumpió en la política y ocupó su escaño en las Cortes durante cinco legislaturas seguidas. Así pues, en lo económico, el matrimonio se ha embolsado en sueldos públicos (solo en nóminas) cerca de dos millones de euros en veinte años. La cifra multiplica varias veces aquel sueño de retirarse «a los sesenta años con noventa o cien millones de pesetas».

Sobre la segunda de las cuestiones, el lugar que ocuparía en la historia de la ignominia por su improperio, casi dos décadas después Sanz lograría protagonizar un escándalo superior al de su verdadera vocación, «forrarse» con la política. Y es que un juez le condenó por abusos sexuales reiterados a trabajadoras de RTVV, donde ejerció su liderazgo como un auténtico sátrapa. Las vejaciones y abusos a varias empleadas de la televisión estaban confirmadas por un vídeo, en el que le decía, entre otras lindezas, otra frase para el recuerdo: «dame una chupaeta».

Solo cuatro o cinco personas oyeron la grabación a la que aludía Las Provincias y por la que dimitió Vicente Sanz en junio de 1994. Alguien pagó su precio y la destruyó. Jamás ningún medio publicó su contenido, que a día de hoy todavía es una incógnita. Si hubiera salido a la luz, la historia política de la Comunidad Valenciana probablemente hubiera sido muy diferente.

Ascenso fulgurante

Vicente Sanz Monlleó nació en 1946 en la localidad de Almenara, en Castellón, un municipio rojo de tradición, con 5.000 habitantes, donde era conocido con el apodo de «Tomaco». Fue compañero de estudios de Juan José Lucas y Vicente Conesa en Madrid. El primero fue ministro de José María Aznar y presidente del Senado, y el segundo, tras unos coqueteos con Alianza Popular que le sirvieron para entablar influyentes amistades, se centró en el sector privado. Los tres entablaron una gran amistad y trabajaron juntos en los años setenta en el Instituto Nacional de Empleo (INEM), donde Conesa llegó a ser director provincial en tiempos de UCD, entre 1979 y 1983. Cuando los socialistas llegaron al Gobierno de la nación destituyeron a Conesa, ya que detectaron irregularidades en su gestión y la realización de unos cursos fantasma.

Vicente Sanz se casó con María Dolores Rodríguez, Loli. El padrino de su hija fue su amigo y exjefe Vicente Conesa, quien se convirtió en un pequeño empresario y montó una pequeña firma de jardinería que hizo algunos trabajos para la Expo 92 y en el cauce del río Turia de Valencia. Conesa destacaba por su carácter abierto y don de gentes, y se codeaba con jóvenes cachorros del Partido Popular que empezaban a despuntar, como Serafín Castellano, cuya mujer trabajaba para él.

Por aquel entonces, el Consell de Joan Lerma llevaba años tramitando la puesta en marcha de la radiotelevisión pública valenciana. Que Sanz diera un paso adelante para presentarse a las oposiciones para técnico en RTVV en 1989, y encontrara la estabilidad que anhelaba, se debió, al parecer, al dirigente del PP Manuel Tarancón, miembro del primer consejo de administración de aquella empresa pública. Se estaban configurando los equipos, y el de Almenara logró la plaza con 43 años, con lo que se convirtió en uno de los integrantes de su primera plantilla. En realidad ejerció muy poco tiempo, porque sus ambiciones eran de otra índole.

Por aquel entonces, su amigo Juan José Lucas era el brazo derecho de José María Aznar en Castilla y León. Lucas se convirtió en su principal aval para situarse en primera línea del partido que Fraga acababa de fundar, el Partido Popular. Gracias a él, Sanz fue designado secretario general del PPCV, lo que le permitió estar en puestos de salida en la lista autonómica de 1991 que lideraba Pedro Agramunt por la provincia de Valencia. El PSOE tenía 45 diputados y el PP solo 31.

El de secretario general del partido era un cargo con mucho poder, que tras él ocuparían hombres como José Luis Olivas, Francisco Camps o Ricardo Costa. Tenía mando en plaza. Además era el secretario del Grupo Popular en las Cortes, formaba parte de la comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, de la de Asuntos Exteriores y presidía una de las pocas comisiones que había cedido a la oposición el poderoso PSPV-PSOE de Joan Lerma: la de control a Radiotelevisió Valenciana, su empresa.

En su etapa de parlamentario presentó 123 iniciativas. Una de ellas tuvo lugar en mayo de 1993, cuando obligó a que compareciera en la cámara el entonces director general de RTVV, Amadeu Fabregat, al que los diputados populares pidieron explicaciones por el contenido del programa de debate Carta Blanca, presentado por Josep Ramon Lluch, que había abordado los malos tratos. «La sociedad valenciana está muy sensibilizada con el tema de la violencia y los abusos sexuales», afirmaba el portavoz del PP pidiendo responsabilidades políticas a los socialistas por Canal 9.

Aquella sociedad valenciana que ahogaba los fines de semana en la «Ruta del Bakalao» estaba en estado de shock por el hallazgo de Míriam, Toñi y Desirée, las niñas de Alcàsser que con 14 y 15 años fueron brutalmente torturadas, violadas y asesinadas pocos meses antes.

Una de las gestiones más importantes que hizo como secretario general fue el fichaje de Alfonso Rus, entonces líder de la Agrupació Independent de Xàtiva. El PP crecía fagocitando pequeños partidos locales o con mociones de censura con tránsfugas socialistas a quienes incorporaba a sus filas en Benidorm, Orihuela, Torrevieja… La absorción de Unión Valenciana sería un proyecto a más largo plazo.

En cinco años y gracias a sus contactos, Sanz pasó de ser un militante de base a convertirse en el barón provincial, la persona que realizó las listas municipales y autonómicas de 1991, coordinó la campaña de las europeas del 12 de junio de 1993 y organizó el primer gran mitin de José María Aznar en un lugar que se convertiría en talismán: la plaza de toros de Valencia.

En los cines triunfaba Luis García Berlanga y su última película: Todos a la cárcel, rodada en la prisión Modelo de Valencia, abandonada tras la construcción del moderno centro penitenciario de Picassent.

Operación Zaplana

Los medios de comunicación bautizaron como Operación Zaplana el intento del político cartagenero de hacerse, desde Benidorm y Alicante, con el control de toda la organización a nivel regional. El golpe se produce en 1993, cuando el presidente alicantino del PP y alcalde de Benidorm logra alcanzar su objetivo y además se erige en portavoz parlamentario. Era una época de intrigas e incertidumbre en plena fusión del centro-derecha valenciano.

Entre sus aliados figuraban políticos ambiciosos como el concejal del Ayuntamiento de Valencia José Luis Olivas o el propio Vicente Sanz, quien utilizó su cargo de secretario general de Pedro Agramunt para ayudarle. De hecho, en su despedida, Agramunt llamó a Sanz «traidor».

El de Almenara pronto obtiene su recompensa: en noviembre asciende a presidente provincial en Valencia y conforma un equipo con antiguos colaboradores en su etapa en el INEM, como Esther Franco o Eduardo Ovejero. Además, Sanz logra entrar en la junta directiva nacional del PP junto a Rita Barberá.

La Operación Zaplana se vio favorecida por varias circunstancias que fueron determinantes, la más importante, el fichaje de Jesús Sánchez Carrascosa como su jefe de gabinete. Eduardo y Jesús, los dos de Cartagena, eran amigos desde la infancia y habían compartido muchos momentos en la adversidad. Sánchez Carrascosa era hasta ese momento periodista de Las Provincias, donde había intimado con la directora, María Consuelo Reyna, hasta el punto de convertirse en su marido. Reyna, propietaria del medio de comunicación más influyente a principios de los noventa en la ciudad, era la auténtica líder de la derecha valenciana, la que movía los hilos de la formación conservadora entre bambalinas. Pudo ser candidata a la alcaldía de Valencia en 1991 y lo rechazó. Fue ella quien ofreció al abogado Manuel Broseta liderar la lista del PP. Broseta fue asesinado por la banda terrorista ETA en 1992.

Ella fue la que limó asperezas entre Unión Valenciana y el PP para que Rita Barberá fuera la alcaldesa y pusiera fin a la hegemonía de la izquierda tras los comicios de 1991. Y eso a pesar de que la editora y la alcaldesa no se llevaban bien. Precisamente por esta falta de sintonía, Reyna se esforzó en buscar y apoyar a un líder para la derecha valenciana, y su marido lo encontró. Los analistas coinciden en que sin el apoyo de Las Provincias, Zaplana nunca habría podido entrar en Valencia y liderar el PPCV. El matrimonio Reyna-Sánchez Carrascosa se encargó de su imagen y abrió las puertas de la sociedad valenciana a Zaplana. También las puertas de su casa. De hecho residió en un piso suyo, donde conspiraron juntos para cargarse a Pedro Agramunt y perpetrar el asalto a la Generalitat.

La voladura controlada

El conocido como «caso Sanz» se desarrolló, siguiendo los manuales clásicos de la política, como una «voladura controlada». El periódico de referencia de la derecha valenciana publicó la noticia de la grabación el 23 de junio de 1993, de forma edulcorada y confusa, pero marcando un gol a todos sus competidores, especialmente a Levante-EMV. No cabe duda de que si el rotativo que dirigía Ferran Belda hubiera poseído esa información, o la grabación, no hubiera tenido piedad con sus protagonistas.

Entre los pocos detalles informativos que se ofrecían en Las Provincias, figuraba que la duración de la grabación era de entre cinco y diez minutos, y se decía que esta estaba «manipulada, llena de cortes e interrupciones que descontextualizaban sus palabras».

El mismo día en el que Las Provincias desvela el caso, Zaplana, en calidad de alcalde de Benidorm, se había ido a una feria de turismo a Rusia para aparentar normalidad y que aquello no iba con él. Lo tenían todo estudiado. A su vuelta, concedía una entrevista al mismo medio: «No es un caso de corrupción manifiesta sino de una conversación sesgada, decir lo contrario es mentir». El mensaje era claro y se insistía en el texto: «no estamos ante un asunto como el de Roldán o Rubio […] es una conversación absolutamente intrascendente […] se va a proceder de forma rápida y fulminante».

Levante-EMV trató de recuperarse del varapalo y al tercer día destapó la operación. «La cinta completa dura 45 minutos y delata a otros dirigentes del PP», titulaba. Según esta versión, un votante del PP entregó de forma anónima a la directora de Las Provincias «y esposa del jefe de gabinete de Zaplana —Jesús Sánchez Carrascosa—, con el fin de que esta, en calidad de mujer de uno y protectora de otros, tratase de conjurar el peligro antes de que el PSOE utilizara la documentación».

El rotativo del grupo Moll afirma que el ciudadano anónimo temía que el PSOE dispusiera ya de una copia y la hiciera estallar cuando Zaplana fuera candidato a la Generalitat, lo que obligaría a su cese y a «descabezar la candidatura, al tiempo que ponían en un serio apuro al mismísimo José María Aznar». En medio de una lucha encarnizada entre las dos principales cabeceras informativas, Levante afirma que Reyna «tenía montado un dispositivo nocturno para actuar en función de lo que supiéramos o publicáramos nosotros al día siguiente», y que la gravedad de lo desvelado ha «desbaratado un plan que solo perseguía tres objetivos: desanimar al autor de la grabación, provocar el estallido controlado del caso, y ocultar su verdadero calado a la dirección nacional del PP».

Grabaciones, espionaje entre medios, connivencia con el poder político… La hostilidad entre las dos cabeceras no tenía nada que envidiar al Post y el Times en pleno Watergate.

Dos años antes del escándalo: la deuda

El empresario Vicente Conesa tiraba de contactos para conseguir contratas en la administración para sus empresas. Fue así como Vicente Sanz logró en febrero de 1992 que el alcalde de Benidorm, Eduardo Zaplana, le adjudicara a su amigo dos contratos, unos estudios sobre las zonas verdes y los ruidos de la ciudad, conocidos como mapa verde y mapa sonoro. En total ingresaría por ellos más de 30 millones de pesetas (180.000 euros). Sin embargo, el procedimiento de contratación fue irregular y el coste de los encargos era el doble del real, según denunció el PSOE, que aludió entonces al posible pago de una comisión.

A principios de 1993, Conesa estaba asfixiado económicamente. El alcalde de Benidorm, asustado por el revuelo causado por las críticas socialistas a la adjudicación, no daba luz verde a pagar unos proyectos que Conesa había subcontratado y que ya había abonado. Además, al parecer, el empresario y varios de sus socios habían accedido a colaborar con la causa política de Zaplana con una aportación de siete millones de pesetas, 42.000 euros, una cifra muy elevada para el volumen de sus pequeños negocios que no terminaban de funcionar.

Después de las navidades, Conesa y sus dos socios decidieron pasar a la acción y urdieron un plan. Zaplana jamás caería en la trampa, pero Vicente Sanz sí. Había que grabarle hablando de la deuda contraída para que luego pagara. Fue en marzo de 1993, en los días previos a las fallas, y hubo dos intentos. El primero tuvo lugar en un bar situado en la avenida Blasco Ibáñez de Valencia, cerca del domicilio de Conesa. Pero no salió bien. Sea por los nervios del empresario que no le dio al rec, o por problemas técnicos del rudimentario magnetofón, la conversación, en la que el presidente provincial cantaba de lo lindo, no se registró.

El segundo intento tuvo lugar a continuación dentro de un vehículo Mercedes 300 diesel. Conesa se llevó a su amigo en coche a dar una vuelta y repitió el mismo interrogatorio. En esta ocasión Vicente Sanz respondía con monosílabos y aportando poca información, porque en realidad ya lo habían hablado todo minutos antes. En ese diálogo se hace referencia a la entrega de dinero en un maletín en el aeropuerto, y poca cosa más.

Con aquel documento sonoro en la mano empieza el chantaje. Conesa le dice a Sanz que le han grabado y que debe actuar, que ellos quieren su dinero, y si no ven una respuesta pronto, saldrá a la luz la conversación. Ante el malestar de los empresarios que conspiraban con Conesa, Vicente Sanz les organiza una reunión en las Cortes con Eduardo Zaplana en la primavera de 1993. El alcalde de Benidorm les encandila y se compromete a agilizar los pagos de los proyectos desarrollados por Conesa en Benidorm. Se tranquilizan. Las aguas vuelven a su cauce y guardan la cinta durante un tiempo.

Ambición y desprecio a su mujer

El día que Las Provincias destapó el escándalo, Vicente Sanz compareció en rueda de prensa en las Corts y, siguiendo la estrategia Reyna-Carrascosa, achacó la divulgación de la grabación a «presiones y extorsiones», y añadió un componente nuevo: los «problemas personales» derivados de su separación matrimonial de María Dolores Rodríguez, Loli. «Estoy pasando unos problemas personales que no quiero que afecten ni a mis hijos ni al partido. Me he separado hace seis meses y el tema va por ahí».

Sanz había colocado a su esposa Loli como asesora municipal del entonces concejal de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia, una joven promesa del PP que se llamaba Francisco Camps. En realidad, esta tenía plaza de funcionaria y accedió al consistorio mediante una comisión de servicios. Al parecer, cuando empezaron los problemas conyugales Sanz se personó en el despacho y la amenazó públicamente con quitarle el puesto de trabajo. La mujer estudió denunciarle por malos tratos, pero finalmente Sanz se disculpó y no lo hizo (Levante, 24/06/1993).

El mismo periódico se hacía eco ese fin de semana de que personas próximas a la exmujer recordaron «las amenazas que ejerció Vicente Sanz durante el proceso de divorcio para evitar que salieran a la luz pública los comportamientos privados de este, y que pudieran dañar su entonces fulgurante carrera». La periodista que firma la noticia no abunda en los «comportamientos privados», pero abría muchas incógnitas sobre su carácter que tardarían casi dos décadas en confirmarse.

La prensa valenciana recordaba en aquel contexto la controvertida personalidad del ya expresidente provincial. La periodista Empar Aigües narraba en Levante que, tras la victoria del PP en las elecciones al parlamento europeo del 12 de junio de 1994, Sanz no pudo reprimir sus instintos y, ante testigos, manifestó frases como: «Vamos a ganar y ahora, vamos a forrarnos» o «Estás saludando a un futuro conseller».

La oposición aprovechaba el ruido y apuntaba más alto, recordando el caso Naseiro y las declaraciones de Eduardo Zaplana en las que también decía que quería hacerse rico. El presidente de la Generalitat, Joan Lerma, declaraba que «Zaplana debería dimitir porque tiene los mismos motivos que Vicente Sanz». «Los dos tienen la misma concepción de la política», añadía el vicesecretario general del PSPV, Joan Romero.

En una rueda de prensa, Aigües le sacaba de nuevo el tema maldito al líder del PPCV:

En las elecciones nacionales de 1993 el PP había superado al PSOE en la Comunidad Valenciana, pero fue en los comicios europeos del 12J de 1994 cuando se confirmaron las ansias de cambio y la derecha acarició el cielo. Habían sacado el 44,6% de los votos, frente al 30,8% del PSOE. Extrapolando los datos, con la ayuda de Unión Valenciana tenían el gobierno de la Generalitat. Por otro lado, el PSOE estaba acorralado por todos los casos de corrupción que le acechaban. Para colmo, Luis Roldán acababa de protagonizar aquel sainete de fuga y retorno. Los ministros valencianos Antonio Asunción y Vicente Albero dimitían y el Consell de Lerma se veía desbordado por los incendios forestales. El asalto del PP a todas las instituciones valencianas era inminente, y se presentaba casi como un desfile con la alfombra roja.

Urgía cerrar aquella crisis.

Seis meses antes del escándalo: el plan

A pesar de las promesas, Conesa y sus compinches continuaban sin ver su dinero ya entrados en 1994 y las relaciones personales con su amigo, el presidente provincial del PP, Vicente Sanz, se habían deteriorado notablemente. De hecho, después de un viaje a Madrid para una cena de su promoción a la que también asiste Juan José Lucas rompen las relaciones. Conesa estaba fuertemente presionado por sus socios. Querían su dinero.

A esas alturas era obvio que la reunión con Zaplana un año antes no había dado sus frutos, porque no les pagaba. Empezó a cundir el desasosiego. Entonces decidieron dar un paso más allá y en esta ocasión involucraron a un periodista de su estricta confianza, amigo de uno de los empresarios asociados a Conesa y que, además, tenía responsabilidades en el periódico Las Provincias. Podían utilizar su nombre para que Vicente Sanz viera que iban en serio y que eran capaces de poner la cinta en manos de la siempre temida prensa.

Además, tomaron una decisión que cambiaría el rumbo de los acontecimientos. Decidieron utilizar a la mujer de Vicente Sanz, Loli Rodríguez, a quien le trasladaron el problema de los impagos y la mediación de su marido para pedir fondos para la causa de Zaplana. Querían que Loli le hiciera ver a su esposo lo que estaba en juego, pero la esposa de Sanz vio el cielo abierto al saber de la existencia de aquella grabación y pensó que a ella también le iba a solucionar todos los problemas conyugales. Fue así como la asesora de Camps trazó su propio plan, compatible con el de los empresarios que le habían confiado su secreto: alguien en el PP debía actuar y pedir la cabeza de Vicente Sanz, porque con su marido fuera de la política sus vidas volverían a la normalidad.

Así pues, Rodríguez, que trabajaba en el despacho del portavoz del gobierno local, contactó con los asesores más cercanos de la alcaldesa, Rita Barberá, que se hicieron cargo de la situación. ¿Quién mejor que ella para obligar a Zaplana a cesar a su número dos? Cuando una de las personas más cercanas a Rita Barberá conoció la historia en la primavera de 1994 se reunió con Vicente Conesa y escuchó la cinta, cuya única copia guardaban bajo llave.