Akal / Pensamiento crítico / 42

Alberto Garzón y Adoración Guamán (coords.)

El Trabajo Garantizado

Una propuesta necesaria frente al desempleo y la precarización

Alberto Garzón, Adoración Guamán, Francisco Trillo, Eduardo Garzón y Héctor Illueca

 

 

 

La actual tasa de desempleo y el creciente nivel de precariedad laboral son los principales problemas de nuestro tiempo. La solución ya no puede alcanzarse mediante reformas parciales de la normativa laboral y, desde luego, no pasa por medidas restrictivas de los derechos laborales como las ya aplicadas. La respuesta adecuada a ambos problemas exige medidas de envergadura que incidan tanto en el planteamiento del modelo productivo como en el sistema de relaciones laborales que tenemos. Es el único modo de frenar la situación límite que viven millones de personas desempleadas y en situación de precariedad.

Una medida capaz de dar respuesta es el Trabajo Garantizado, propuesta que coloca al Estado como motor de la creación de puestos de trabajo dignos y adecuados para las personas que no puedan encontrar empleo. Esta oferta, junto al paulatino aumento y mejora de los puestos de trabajo en el sector público y la elevación de los estándares laborales generales, conseguirá movilizar y emplear una mano de obra hoy inactiva, preparada, capacitada y dispuesta a trabajar, pero a la que ni el tejido empresarial ni el sector público ofrecen hoy alternativas.

No hay empleo, pero sí trabajo: se trata de reconocerlo y regularlo.

Alberto Garzón es diputado de Izquierda Unida en el Congreso y portavoz de los asuntos económicos. Ha escrito varios libros de divulgación económica y filosofía política. El último libro publicado es La Tercera República.

Adoración Guamán es profesora titular de Derecho del trabajo y de la seguridad social. Entre otras obras, ha publicado ¿Qué hacemos con la Universidad?; El Huracán neoliberal. Una reforma laboral contra el trabajo; y El TTIP: el asalto de las multinacionales a la democracia.

Francisco Trillo es profesor de Derecho del trabajo y colaborador habitual de la Fundación 1.o de Mayo, además de miembro del Consejo Científico de la Fundación Europa de los Ciudadanos (FEC). Entre su extensa obra podemos encontrar Lo público no se vende, se defiende; Régimen jurídico de las horas extraordinarias; Flexibilidad y tiempo de trabajo; Jóvenes, trabajadores… ¿y ciudadanos?

Eduardo Garzón es miembro del Consejo Científico de la Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana (ATTAC). Miembro del Consejo Científico de la Fundación Europa de los Ciudadanos y asistente local en economía internacional en el Parlamento Europeo.

Héctor Illueca, inspector de Trabajo y Seguridad Social, ha impartido numerosos cursos y seminarios sobre diferentes materias vinculadas al ámbito de los derechos sociales y políticas públicas. Es coautor del libro El huracán neoliberal: una reforma laboral contra el Trabajo y autor de Descentralización productiva y prevención de riesgos laborales en las obras de construcción.

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Antonio Huelva Guerrero

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© Alberto Garzón, Adoración Guamán, Francisco Trillo, Eduardo Garzón y Héctor Illueca, 2015

© Ediciones Akal, S. A., 2015

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ISBN: 978-84-460-4294-5

 

 

INTRODUCCIÓN[*]

Estamos viviendo un momento histórico caracterizado por la irrupción de una crisis económica de enorme envergadura que además ha derivado en una crisis institucional muy grave. Como consecuencia, los relatos a través de los cuales entendemos la política y las instituciones han cambiado. A este proceso Antonio Gramsci lo llamó crisis orgánica; aunque muchos otros le hemos venido llamando desde hace muchos años crisis de régimen. Estamos hablando por un lado de la manifestación de una crisis democrática, de una puesta en entredicho de lo que son las instituciones políticas y jurídicas, y por otro lado de una crisis económica que revela el agotamiento del modelo de acumulación capitalista en el ámbito español.

Entendemos que a esta crisis de régimen hay que darle una respuesta contundente y adecuada y para ello creemos necesario impulsar y lograr un Proceso Constituyente. Necesitamos una alternativa que compagine lo democrático con lo económico. Los clásicos llamaban a la economía «Economía política» porque creían que eran dos esferas de la misma sustancia, es decir, que eran la misma cosa. Sin embargo, con el devenir de los tiempos y con el auge de la teoría económica neoclásica (cuya forma ideológica es el neoliberalismo) se produce una división y se fragmentan y compartimentan los dos elementos: por un lado se entiende que está lo político y por otro lado lo económico. Lo económico sería el espacio dedicado exclusivamente a la maximización de los beneficios empresariales y al uso intensivo de la razón instrumental para liberar al libre mercado de sus obstáculos, y lo político sería aquello relacionado con las instituciones públicas y la gestión de la administración. Naturalmente, no compartimos esa visión y creemos que hay que seguir hablando de economía política. De ahí la apuesta por un Proceso Constituyente, dentro del cual enmarcamos la propuesta de Trabajo Garantizado que aquí presentamos.

No podemos olvidar lo que decía la economista británica Joan Robinson sobre la economía: «Hay que estudiar economía para que no nos engañen los economistas». Esa frase, que ha sido desde hace mucho tiempo cabecera para los economistas críticos, tiene ahora más sentido que nunca debido a la crisis económica, pues la misma ha intensificado en toda Europa y Estados Unidos una concepción de la economía todavía más neoliberal. Es cierto que durante los años ochenta y noventa vivimos una época de neoliberalismo profundo en la que fueron protagonistas políticas de ajuste en América Latina, y también durante esos años en Europa sufrimos el desmantelamiento paulatino pero progresivo del Estado del bienestar. Sin embargo, el avance del neoliberalismo jamás había sido tan rápido como lo está siendo en la actualidad.

Este es el escenario en el que actualmente nos encontramos. En el caso español, son ya más de seis años de sacrificio para la mayoría social, y casi seis años durante los cuales se ha puesto en entredicho casi absolutamente todo. La hipótesis que nosotros trabajamos es una hipótesis ampliamente compartida por los analistas críticos y es la siguiente: se aproxima una nueva crisis financiera como consecuencia de las enormes burbujas creadas en respuesta a las inyecciones masivas de liquidez por parte de la mayoría de los bancos centrales de los países desarrollados (desde diciembre de 2014 más de 17 bancos centrales de economías importantes han aplicado políticas agresivas de expansión monetaria), pero también como consecuencia de una política de austeridad que lo único que logra es agravar la situación económica, al deprimir aún más la demanda agregada.

Cuando hablamos de que esto afecta al ámbito democrático es fundamentalmente porque nos encontramos con una crisis de acumulación capitalista, que afecta a la estructura económica y social, y que provoca cambios y fragmentaciones importantes en las clases sociales. Hay que tener en cuenta que venimos de una estructura social en la que trabajaba la mayoría de los ciudadanos que querían trabajar y hemos pasado en tan sólo unos pocos años a una estructura social de mayor precariedad y con casi seis millones de parados. Este proceso cambia también la concepción del mundo de esas personas que se han visto desplazadas de su identidad económica y política. Y junto a ello hay una crisis de la democracia representativa liberal que afecta a la estructura política y a la estructura organizativa. Hay una puesta en cuestión de las organizaciones políticas, de los sindicatos, de los partidos políticos, de los parlamentos… y todo eso se debe a un problema fundamental: que llevamos muchos años sufriendo un proceso destituyente en el que se ha puesto en tela de juicio lo que llamaríamos el paradigma constitucional. Nuestras constituciones han sido vaciadas, en una dimensión formal y en una dimensión sustancial.

Para ilustrar este proceso sirva una anécdota. Cuando hace unos años estaba en la universidad me dijo un compañero: «Alberto, yo, cuando llegué a la universidad, era de centro; tenía a gente a la derecha y también a la izquierda de mi posición. Y ahora, 30 años después, me encuentro posicionado en la extrema izquierda, pero no me he movido, sino que se han movido todos ellos hacia la derecha». Me parece un buen ejemplo de la derechización que ha ido sufriendo nuestra sociedad.

Lo mismo ocurre con la Constitución Española. Por ejemplo, el artículo 128 reza: Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Hace un par de años lo puse en una red social sin decir que era un artículo del texto constitucional, y muchísimas personas –incluidos diputados del PP– empezaron a increparme con palabras y frases como: «¡Comunista!» –que lo soy, pero que me lo decían de forma peyorativa–, «¿qué va a ser lo siguiente? ¿Saquear supermercados?», «¡os estáis pasando!», «sois unos bolcheviques», etc. Obviamente, sus denuncias no tenían ningún sentido, cuando lo que yo había hecho era simplemente copiar un fragmento literal de la Constitución Española. A ello me refiero en parte cuando hablo de vaciado formal y sustancial de las constituciones.

El vaciado en el ámbito formal quiere decir que nuestra Constitución ha sido superada jurídicamente por nuevas disposiciones, sobre todo relacionadas con la Unión Europea. Se ha ido constituyendo un ámbito constitucional nuevo, que se impone a la Constitución Española, y se ha hecho (y esto es capital) desde arriba, no desde abajo. Ello nos lleva a escuchar a menudo la clásica respuesta política e institucional que afirma «bueno, es que lo manda Europa», cuando esa Europa es un sujeto político bastante particular (el último episodio de Grecia, con el castigo monumental al gobierno de Syriza por haberse enfrentado a sus decisiones, habla por sí solo). Esa Unión Europea ha ido imponiendo una nueva normativa, ha ido vaciando formalmente de contenido nuestras constituciones, ha dinamitado el pacto del 78. Otro ejemplo evidente fue el de la reforma del artículo 135 perpetrada por el Partido Popular y el Partido Socialista en el año 2011. Una reforma formal que buscaba incluir en el texto constitucional el proceso de cambio social dirigido por la Unión Europea y concretamente por lo que se vino a denominar la Troika: la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. A todo esto me refiero cuando hablo de vaciamiento formal de la Constitución.

Junto a ese vaciado formal hay un vaciado sustancial, que es igual o más importante. En este caso tiene que ver con el desmantelamiento del Estado Social.

Hace no mucho, cuando salía de votar del Congreso de los Diputados, vio la luz el escandaloso tema de los dividendos repartidos por Endesa. Endesa era una empresa pública 100 por 100 que el PSOE privatizó en un 33 por 100 y cuyo capital restante fue privatizado después por el gobierno de Aznar. El argumento de fondo, que se repetía hasta la saciedad, era que lo privado es más eficiente que lo público. La enorme paradoja es que ahora Endesa es propiedad de Enel, que es una empresa pública pero italiana, y recientemente hubo un escándalo tremendo porque repartió dividendos por 14.000 millones de euros (quédense con la cifra para más tarde compararla con el coste de implantar el Trabajo Garantizado). Puesto que es una empresa con unos beneficios anuales de entre 2.000 y 3.000 millones de euros, para poder repartir dividendos tuvo que pedir prestado el dinero a una entidad financiera registrada en un paraíso fiscal. Lo llamativo es que resulta que esa empresa es también propiedad de Enel. Es decir, Enel se repartió a sí misma dinero con dinero prestado por la propia Enel. Un escándalo absoluto que fue permitido por el gobierno. Cuando en una comisión de control se lo planteé personalmente al ministro de Economía, Luis de Guindos, su respuesta fue que nuestra propuesta de renacionalizar Endesa para que esté al servicio de la gente es una propuesta bolivariana y que no tenía nada más que decir.

¿Qué tiene que ver el caso de Endesa con el vaciado sustancial de la Constitución? Muy sencillo: Endesa era una empresa pública que servía de instrumento para garantizar los derechos recogidos en la Constitución y su privatización fue parte de lo que está siendo el desmantelamiento del Estado Social. El Estado Social no es sólo la educación y la sanidad públicas, como a veces de forma cotidiana podemos entender. El Estado Social incluye también a todos los instrumentos públicos que permiten que los derechos de las personas se puedan aplicar. Y ello abarca a las empresas estratégicas, como Endesa.

Desgraciadamente, hemos llegado a un momento en el que lo estratégico parece que es rescatar autopistas y no controlar las empresas energéticas. Ello es parte de ese vicio que se ha ido generando y que es muy problemático, ya que se ha ido interiorizando esa política según la cual un banco privado debe prevalecer (este es el caso clarísimo del PSOE, que no impugna en absoluto esa visión de la economía), pero las garantías positivas de la Constitución aparecen vaciadas, es decir, no tienen sentido. Y esto lo percibimos todos. Por ejemplo, cuando le echamos un vistazo a la Constitución y vemos el artículo del derecho a la vivienda. Como si no se hubiese escrito. Derecho al trabajo: lo mismo. Derecho a la seguridad social: tampoco. Todas las garantías positivas –en sentido jurídico– de la Constitución de 1978 son sistemáticamente incumplidas.

Las garantías negativas suponen una prohibición para el Estado mediante las cuales no puede interferir en la vida de los ciudadanos (entrando, por ejemplo, en una casa sin autorización judicial). Las garantías positivas deberían ser obligaciones para el Estado, y deberían ser vinculantes en un constitucionalismo progresista. El mismo concepto de garantía se ha ido perdiendo. Y nosotros, con nuestra propuesta de Proceso Constituyente, y en particular con el Trabajo Garantizado, lo que queremos es recuperarlo. Recuperar esa concepción ahora que queremos construir un nuevo proyecto de país, aprovechando la oportunidad que nos brinda la historia.

La Constitución que queremos erigir debe preservar las garantías positivas. De tal forma que si la sanidad universal es una garantía positiva no se pueda impedir a la gente acceder a cualquier servicio sanitario. Porque esa garantía te permite denunciar en un juzgado que están violando un derecho que mantienes frente al Estado. Lo mismo ocurriría con una vivienda, cambiaría la política de vivienda absolutamente. Porque si tienes capacidad de ir a un juzgado y decir: «Yo soy ciudadano español y mi Constitución dice que el Estado tiene obligación de preservarme una vivienda», entonces las autoridades públicas tendrían que acometer una política de la vivienda encaminada a alquileres públicos baratos y a otra serie de elementos que técnicamente son posibles, en tanto que hay millones de viviendas vacías y en tanto que somos un país desarrollado tecnológicamente para ello.

Lo mismo debería ocurrir con el trabajo. Por eso es importante que partamos de la idea de que hay que deconstruir la ideología que nos han ido inoculando durante tantos años a través de los medios de propaganda.

Hoy día hablar de eso conllevaría que algunas personas nos dijesen que somos utópicos, pero precisamente la propuesta de Trabajo Garantizado lo que hace es demostrar que es perfectamente factible asegurar el trabajo a la gente. La cantidad de dinero neto que se necesitaría para garantizar el trabajo a toda la población es incluso inferior al dinero que se ha destinado a rescatar al sistema financiero. Es una idea muy potente: si en vez de rescatar al sistema financiero se hubiese rescatado a las personas para que tuvieran un empleo (y también, por lo tanto, para que tuviesen ingresos con los que seguir pagando a los bancos y así rescatarlos de esta forma), se hubiese gastado mucho menos dinero.

Esta es una de las grandes contradicciones del capitalismo. Pongo otro ejemplo para ilustrar lo que quiero decir. Recientemente participé en un debate sobre la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional también fue víctima del proceso privatizador (como todas las empresas públicas en ese proceso de desarticulación del Estado Social al que me he referido antes), concretamente a través de externalizaciones. Lo que eran empleados públicos pasaron a ser empleados de la subcontrata. Eso encarecía el proceso, porque, aunque bajaban los salarios del empleado en cuestión, aumentaba bastante el coste del intermediario (que busca beneficios y estos hay que sacarlos de algún lado). Pues bien, la dirección de la Biblioteca Nacional presentó un informe proponiendo recuperar a todos esos empleados y librarse de todos los intermediarios (que son empresas privadas). El informe concluía que sería mucho más barato hacer eso, pero no hubo ningún cambio, porque el gobierno tiene instaurada una tasa de reposición para impedir contratar a nuevos empleados públicos. Es la enorme paradoja: buscando supuestamente la austeridad, se provoca un aumento de los precios de los servicios públicos. Esto tiene que ver con el Trabajo Garantizado en lo siguiente: lo que gastas en un escenario de creación de empleo lo ahorras por otra parte, como, por ejemplo, en prestaciones por desempleo.

En ese sentido lo que venimos a ensalzar es una idea muy potente: nosotros queremos que se cumplan las garantías positivas recogidas en la Constitución de 1978. Quienes son unos traidores a la esencia de la Constitución son aquellos que la han dinamitado. Al capitalismo, en este estadio en el que se encuentra (luchando por sobrevivir), le sobran las conquistas sociales alcanzadas por nuestras generaciones precedentes: la sanidad pública, la educación pública, las pensiones públicas, los derechos laborales… De ahí, por ejemplo, las reformas laborales del PSOE en 2010 y la del PP en 2012, porque estuvieron orientadas a dinamitar y mermar los derechos laborales.

Estamos en un proceso destituyente, pero no perdamos de vista que todo proceso destituyente es a la vez un proceso constituyente: las conquistas de 1978 desaparecen, y dejan paso a un proceso constituyente dirigido por las elites económicas y políticas, lo que venimos hace tiempo llamando «oligarquía». La oligarquía europea es la que ha constituido Maastricht, el Pacto por la Estabilidad y el Crecimiento, es la que ha diseñado el euro, es la que ha impuesto la reforma del artículo 135 de la Constitución Española… al servicio de la supervivencia del capitalismo y en particular al servicio de la oligarquía alemana.

Ese es su proceso constituyente. La idea para nosotros es la siguiente: ya nada va a ser igual que antes. Ya no se trata de elegir entre un proceso constituyente o quedarnos como estamos. El dilema ahora es qué tipo de proceso constituyente queremos: el que dirige la oligarquía española y europea, o el que dirige la mayoría social. De ahí la aparición de propuestas como la del Trabajo Garantizado, que pretenden ser herramientas para la gente que quiere un país más justo, democrático y soberano.

Para finalizar, aludimos a una cuestión que reside en el fondo de esta propuesta. Con el Trabajo Garantizado se defiende la libertad en su sentido positivo. La libertad negativa es el concepto que utilizan los liberales. Para estos, si un mendigo entra en un supermercado es una persona libre, porque nadie le ha impedido entrar (y la libertad negativa se define como la capacidad de que nadie te impida hacer algo). Pero si el mendigo es incapaz de satisfacer sus necesidades básicas, entonces no es libre en términos de libertad positiva. Desde ese punto de vista nuestras sociedades actuales no son libres, porque están llenas de mendigos. Aunque nadie les impida andar por la calle o entrar en un supermercado, no tienen capacidad de desarrollar sus vidas dignamente. Por eso nosotros utilizamos el concepto de la tradición republicana socialista: el concepto de libertad positiva. Así las cosas, la libertad no es sólo que no te impidan hacer algo, es que puedas satisfacer tus necesidades básicas: sanidad, educación, empleo, etcétera.

Por eso lo que se defiende con el Trabajo Garantizado es el intento de recuperar la palabra «libertad». Porque no hay libertad en un mundo que se muere de hambre y en el que hay gente que, queriendo trabajar, no puede conseguir un empleo.